Cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron este miércoles a favor de permitir la reapertura de casos con sentencia firme, lo que podría modificar el principio de “cosa juzgada”, base del sistema judicial mexicano al establecer el fin de los procesos.
Aunque formalmente se discutió un asunto mercantil relacionado con la nulidad de juicio concluido, el debate derivó en una revisión de fondo sobre si la Corte debe contar con herramientas para reexaminar sentencias ya definidas por el Poder Judicial Federal.
Los ministros Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Hugo Aguilar e Irving Espinosa respaldaron la posibilidad de revisar fallos para corregir “injusticias graves”, fraudes procesales o decisiones obtenidas mediante acciones ilícitas. La Corte anunció que un nuevo proyecto será preparado para definir los límites y alcances de esta facultad extraordinaria.
En un comunicado, el tribunal afirmó que esta herramienta es necesaria para garantizar certeza jurídica cuando se detecten actos destinados a “torcer la justicia”.
Posturas a favor de revisar sentencias
Lenia Batres defendió que actos contrarios a la ley deben ser nulos y que la Corte debe contar con un recurso “absolutamente excepcional” para corregir sentencias injustas.
Irving Espinosa señaló que sin esta vía podría haber “repetición de injusticia tras injusticia” y que la cosa juzgada ha sostenido fallos que afectan el interés público y derechos fundamentales.
Hugo Aguilar, ministro presidente, cuestionó si puede hablarse de cosa juzgada cuando se llega a ella mediante fraude o contubernio.
Sara Irene Herrerías votó contra el proyecto, lo que la colocó también en el bloque que busca revisar la cosa juzgada.
Loretta Ortiz sostuvo que la nulidad de juicio concluido fortalecería sentencias en casos de procesos fraudulentos.
Posturas en defensa de la cosa juzgada
Giovanni Figueroa afirmó que este principio es un pilar de la convivencia social y que flexibilizarlo afectaría todo el sistema de justicia.
Yasmín Esquivel advirtió que permitir la nulidad podría abrir la puerta a revisar hasta 1.5 millones de amparos al año, lo que eliminaría certeza jurídica y haría interminables los procesos; insistió en que el fraude procesal debe sancionarse vía penal.
María Estela Ríos subrayó que la seguridad jurídica depende de la firmeza de las sentencias y que la Corte no debe crear instancias que el legislador no previó; el fraude, reiteró, debe ir a la vía penal.
Arístides Guerrero se sumó a esta minoría que busca mantener la obligatoriedad de la cosa juzgada.
mb
