El nuevo arancel al azúcar anunciado por el Gobierno de México busca proteger al sector cañero nacional ante el incremento de importaciones y el ingreso de azúcar de contrabando. Sin embargo, expertos advierten que, aunque el objetivo es fortalecer la producción local, la medida debe acompañarse de una política integral que evite encarecer el producto para el consumidor final, señaló el director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya.
En entrevista para XEU, explicó que la medida tiene como fin “proteger más a la producción de caña de azúcar que se convierte en azúcar”.
“Recordemos que el arancel que teníamos era de 320 pesos por tonelada. Ahora, con este arancel de 156 o 210 dólares, se protege más al productor, alcanzando alrededor de 400 a 450 pesos por tonelada”, señaló el especialista.
El ajuste responde a la baja producción nacional registrada en el ciclo 2023-2024, que obligó al país a importar más de un millón de toneladas, principalmente de Brasil. “Fue una zafra de 4.8 millones de toneladas y hoy se espera una de 5.1 millones, lo cual es una leve mejora, pero los inventarios siguen altos y los precios al productor han caído entre 20 y 30%”, puntualizó Anaya.
Además de las importaciones legales, el consultor alertó sobre la entrada de azúcar de contrabando. “Ha entrado mucha azúcar irregular, como sucede con la gasolina, porque el azúcar brasileño cuesta casi la mitad del precio del mexicano”, explicó.
Otro factor que afecta al mercado nacional es el jarabe de maíz de alta fructosa, importado de Estados Unidos. “Del consumo total de 5.6 millones de toneladas de endulzantes, solo 4 millones son de azúcar, mientras 1.6 millones corresponden a jarabe de maíz de alta fructosa”, dijo Anaya.
Por ello, considera que México debería negociar una política de reciprocidad comercial con Estados Unidos: “Así como entra jarabe de fructosa, debiera poder exportarse azúcar en condiciones similares”, comentó.
De acuerdo con el especialista, los nuevos aranceles no deberían repercutir directamente en el precio final del azúcar, siempre que el gobierno mantenga un equilibrio en el mercado.
“Este tema de aumentar los aranceles no impacta al consumidor; eso es algo que debe cuidar la Secretaría de Economía, el equilibrio del mercado”, indicó.
No obstante, advirtió que México y Estados Unidos “tienen los precios más altos de azúcar a nivel mundial, derivado de que son mercados cerrados”. Por ello, una política mal equilibrada podría generar aumentos en los precios de productos derivados, como refrescos, pan y confitería.
“Debe ser una política integral muy competitiva para que no dañe a la cadena y principalmente al consumidor, que consume azúcar de forma directa o indirecta”, enfatizó Anaya.
El experto también destacó que el azúcar enfrenta una carga fiscal más alta que otros edulcorantes. “En el tema del azúcar se le está castigando con un IEPS de 3.8 pesos por litro de refresco, mientras que los no calóricos o la fructosa pagan solo 1.5 pesos, y eso es una desventaja para nuestros cañeros”, señaló.
Aunque el nuevo arancel representa un respiro temporal para los productores, Anaya consideró que es una medida paliativa.
“Desde mi punto de vista sí, no está completa la política integral por parte del gobierno. Hay que atacarlo por varias vías: el jarabe de fructosa, aumentar las exportaciones y cuidar que no se disparen los precios al consumidor”, afirmó.
También insistió en que debe combatirse el contrabando, negociarse mayores cuotas de exportación a Estados Unidos y mantener precios competitivos para el sector cañero, especialmente en estados productores como Veracruz, donde la caña de azúcar genera miles de empleos.
“Sí hay que cuidar a nuestro sector cañero, que es una industria muy relevante porque crea muchas fuentes de trabajo, pero tiene que ser una política integral que mantenga precios competitivos sin afectar al consumidor”, concluyó.
