En un anuncio reciente, el director del Infonavit informó que la institución planea regularizar a las personas que ocupan viviendas invadidas o vandalizadas, una medida que ha generado opiniones encontradas en redes sociales y en el sector inmobiliario. La iniciativa forma parte de un esfuerzo por atender una problemática que afecta a aproximadamente 843,000 viviendas en el país, de las cuales 168,000 ya han sido identificadas y 145,000 están actualmente ocupadas de manera irregular.
Al respecto, Antonio Hannah, experto inmobiliario, explicó que “el Infonavit es una institución tripartita en donde participan los trabajadores, los patrones y el gobierno, y administra los recursos de los trabajadores”.
En entrevista para XEU Noticias, explicó que la propuesta busca llegar a acuerdos con los ocupantes y evitar desalojos, en línea con un decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador que prohíbe desalojos en ciertos casos.
El especialista señala que “administrativamente, para el Infonavit, es mucho más fácil negociar con estas personas y lograr acuerdos para venderles los inmuebles a valor de mercado”.
Sin embargo, también advierte que “no regularizar estas viviendas podría implicar que las personas desocupen los inmuebles, ya que no les pertenecen y son recursos de los trabajadores”.
Por otro lado, Hannah destacó que “hay dos casos distintos: las viviendas con créditos vigentes, que todavía están en proceso de pago, y las viviendas vandalizadas o desocupadas, que no están en uso”. En el primer caso, el derecho del trabajador a la propiedad está protegido, mientras que en el segundo, la ocupación irregular puede considerarse una invasión.
El experto también hizo referencia a situaciones similares en otros países, como España, donde las ocupaciones ilegales, conocidas como “okupas”, generan un complejo entramado legal.
“En España, estas personas pueden tener el uso y goce del inmueble sin pagar nada, lo cual es muy grave desde el punto de vista legal y social”, afirmó.
Respecto a si esta medida fomentará la invasión de viviendas, Hannah aclaró que “el mensaje que debe transmitirse no es fomentar la invasión, sino resolver un problema que lleva mucho tiempo”.
Sin embargo, advirtió que “si no se comunica claramente, puede generar confusión y desconfianza en la ciudadanía, afectando la propiedad privada”.
