La jueza de control Guadalupe Martínez Taboada vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna, por los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia en agravio de la gobernadora Layda Sansores San Román.
Durante una audiencia que se prolongó por más de 12 horas, también fue vinculado a proceso Isidro Yerbes, representante legal de Organización Editorial del Sureste, empresa responsable del medio de comunicación. Como parte de las medidas cautelares, la jueza ordenó la suspensión de actividades de la plataforma digital del periódico, cuya versión impresa dejó de circular en 2023.
Según la denuncia, en la página digital de Tribuna se habrían difundido publicaciones que constituyen ataques sistemáticos hacia la mandataria estatal, incluyendo expresiones que —de acuerdo con la queja— apelan a su condición de mujer. La gobernadora presentó la denuncia en calidad de ciudadana, aunque la defensa señala que en el proceso participaron abogados de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
La resolución judicial también incluyó la prohibición a González Valdez de ejercer el periodismo, actividad a la que se ha dedicado durante más de cinco décadas. Sus abogados argumentaron que desde 2017 el periodista se encuentra jubilado y no tiene cargos directivos en el portal señalado, por lo que consideraron injustificada su vinculación.
Además del proceso penal, González Valdez fue sentenciado en un juicio civil a pagar una indemnización por daño moral al director de Comunicación Social del Gobierno estatal, Walther Patrón Bacab, por un monto de dos millones de pesos. La defensa denuncia que como medida precautoria ya se han embargado algunas propiedades del periodista.
Cabe recordar que el pasado 9 de abril, González Valdez fue detenido por elementos de la Policía Estatal tras intervenir en favor de un motociclista durante una revisión vehicular. Según la versión oficial, fue arrestado por presuntas agresiones a la autoridad; permaneció 36 horas detenido.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión no han emitido, hasta el momento, un pronunciamiento formal sobre el caso.
Fuente: Proceso
