El Estado mexicano será condenado en diferentes instancias internacionales por haber destituido de manera masiva a miles de personas juzgadoras para dar paso a los candidatos a jueces elegidos el 1 de junio, todos ellos cercanos a Morena, advierten expertas en Derecho.
En entrevista con Proceso, la profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Azul Aguiar y la abogada peruana Úrsula Indacochea, coinciden en que las irregularidades registradas durante la elección de jueces el 1 de junio último refuerza los casos contra el Estado mexicano que promueven jueces en ejercicio y colectivos de derechos humanos ante organismos internacionales por las normas que transgrede la reforma judicial, dicen a Proceso expertas en el área de justicia.
Advierten que la reforma judicial viola normas específicas de tratados internacionales y convenciones de las que México es parte, entre ellas la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles.
Prevén que el Estado mexicano será condenado en diferentes instancias internacionales por haber destituido de manera masiva a miles de personas juzgadoras para dar paso a los candidatos a jueces elegidos el 1 de junio, todos ellos cercanos a Morena.
Señalan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales tienen hoy más argumentos para seguir investigando el caso mexicano.
Por lo anterior, sostienen que México deberá rendir cuentas de la reforma judicial ante instituciones como el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra; la Comisión de Venecia, organismo europeo que promueve el constitucionalismo y el Estado de derecho, así como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Y advierten que con la elección popular de jueces, México se ha lanzado al abismo y eso es algo que va a tener una gran fiscalización por parte de organismos internacionales, al señalar que lo que ocurrió en las elecciones judiciales de hace dos semanas fue la captura del Poder Judicial por parte del oficialista partido Morena, lo que acaba con la división de poderes en México.
Proceso/ doh
