Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República (México) aprobaron por unanimidad una reforma constitucional que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” dentro del sector público.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer que ningún servidor público podrá percibir ingresos superiores a los de la persona titular del Poder Ejecutivo federal. La medida no sólo aplicaría a salarios en activo, sino también a jubilaciones y pensiones de funcionarios y personal de confianza.
De acuerdo con el dictamen aprobado en comisiones, el nuevo esquema fijaría un límite para las pensiones en organismos descentralizados, empresas productivas del Estado y entidades paraestatales. Entre las instituciones que quedarían sujetas a la disposición se encuentran Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
En términos prácticos, el tope se ubicaría alrededor de 70 mil pesos mensuales, cifra equivalente a aproximadamente la mitad del salario presidencial.
Durante la discusión, senadores de diferentes fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de revisar los esquemas de retiro de altos funcionarios que, en algunos casos, han permitido pensiones considerablemente superiores a las que perciben la mayoría de los trabajadores del país.
No obstante, legisladores de oposición advirtieron que la reforma podría enfrentar desafíos legales, especialmente si la medida se aplicara a personas que ya reciben pensiones bajo normas anteriores. En ese escenario, señalaron, podría argumentarse una posible violación al principio constitucional que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de los ciudadanos.
Por su parte, legisladores del partido oficialista defendieron el proyecto al sostener que la iniciativa busca terminar con beneficios considerados excesivos dentro de la administración pública y reforzar el principio de austeridad en el ejercicio del gasto.
Tras su aprobación en comisiones, el dictamen fue turnado al pleno del Senado para su discusión. En caso de ser avalado, deberá pasar a la Cámara de Diputados y posteriormente a la aprobación de los congresos estatales para convertirse en una reforma constitucional vigente.
