Una jueza federal negó el amparo solicitado por Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, con el que pretendía frenar la orden de aprehensión que pesa sobre él por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil.
La resolución fue emitida por Jovita Vargas Alarcón, jueza Novena de Distrito en Materia Penal, quien determinó negar la protección de la justicia federal y sobreseer parcialmente la demanda de garantías. Con ello, se mantiene firme el mandamiento judicial que ordena su captura.
Aureoles enfrenta acusaciones por los delitos de:
Peculado
Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Asociación delictuosa
Administración fraudulenta
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el daño patrimonial asciende a 3 mil 412 millones de pesos, monto presuntamente desviado mediante la compra inflada de cuarteles en siete municipios michoacanos: Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
La decisión judicial ocurre semanas después de que la misma jueza revocara la suspensión definitiva que protegía a Aureoles de ser detenido. Esta medida fue anulada debido a que el ex gobernador:
No pagó la garantía de un millón de pesos impuesta por el tribunal.
No compareció personalmente ante la jueza que giró la orden de captura.
Ambos incumplimientos provocaron la pérdida de efectos de la suspensión.
La FGR también ha señalado a cuatro ex colaboradores cercanos de Aureoles como posibles responsables del esquema de desvío de recursos. Las investigaciones apuntan a que durante su administración se ejecutó un plan sistemático para inflar los costos de construcción de los cuarteles.
Por ahora, la defensa legal del ex gobernador podría presentar un recurso de revisión, aunque no se ha confirmado si procederán en esa vía.
Este caso se suma a una creciente lista de investigaciones contra ex mandatarios estatales por corrupción, ejercicio indebido del servicio público y lavado de dinero.
