Otorgar suspensiones es una obligación de los juzgadores, quienes se rigen bajo el principio de legalidad, afirmó el magistrado José Manuel Torres Ángel, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación a jueces y magistrados por otorgar suspensiones contra la reforma judicial.
“En sí mismo conceder las suspensiones no es un delito por el que tenga que aperturarse una carpeta de investigación, de instruir una causa penal a este tipo de servidores públicos”, dijo el magistrado en la conferencia matutina de los jueces.
Ahí mismo, dijo que, “de hecho es una obligación de los jueces pronunciarse, ya sea porque se lo soliciten o porque en muchos de los distintos casos les resulta obligatorio pronunciarse de manera oficiosa, es decir, sin que se les solicite la suspensión”.
En tanto que la magistrada Edna Hernández Granados dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está tratando de dar una solución jurídica para evitar una crisis constitucional, ya que este martes los ministros resolverán las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma judicial.
Añadió que la Suprema Corte resolverá si lo que están Alejandro en esas acciones de inconstitucionalidad es constitucional o no, están en su derecho de hacerlo por esas cuestiones a través de que los partidos políticos minoritarios lo han impugnado.
En ese sentido, señaló que “esto es el cuestionamiento, quién quiebra, quién rompe el orden constitucional, no es la ministra presidenta, ni los ministros que resuelvan, porque están competentemente en la función de realizarlo”.
Al hacer uso de la palabra, la magistrada Edna Hernández señaló que la elección de personas juzgadoras en 2’25 tendrá un costo de 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos, y advirtió que será mucho más cara, incluso que la última renovación de la Presidencia de la República y del Congreso de la Unión.
Fuente: El Universal / Foto: X / JAC
