La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa una reforma para aumentar los impuestos a las apuestas en línea y modernizar la regulación de casinos, en respuesta a investigaciones por presunto lavado de dinero.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una reforma integral al régimen fiscal de apuestas en línea y a la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, con el objetivo de frenar operaciones irregulares y prevenir el lavado de dinero.
En conferencia de prensa celebrada el miércoles, la mandataria reconoció que la normativa vigente quedó desactualizada frente a las nuevas modalidades de juego digital. “Los reglamentos para los casinos en línea deben actualizarse, porque cuando se creó la ley no existía esta forma de apostar. Si no se regula, se abre la puerta al lavado de dinero”, afirmó.
Sus declaraciones surgieron tras revelarse que trece casinos se encuentran bajo investigación federal por presuntamente facilitar movimientos de efectivo y transferencias internacionales asociadas a tipologías reconocidas de blanqueo de capitales.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el gobierno prepara un incremento del 50% en los impuestos aplicables a los casinos en línea. Las empresas deberán registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y retener los gravámenes correspondientes a los jugadores, con el fin de asegurar transparencia en las operaciones.
Fuentes del sector señalan que la medida busca mejorar la trazabilidad del dinero digital y alinear a México con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve controles más estrictos sobre actividades vulnerables al financiamiento ilícito.
Una investigación de un casino, realizada en Brasil, muestra que el 63% de los jugadores gasta hasta 100 reales al mes —equivalente a unos 334 pesos mexicanos—, y que el promedio mensual por usuario es de 61.52 reales (alrededor de 205 pesos). Nueve de cada diez depósitos permanecen por debajo de esa cifra, lo que indica un patrón de consumo moderado. Según el informe, el 68% de los apostadores mantiene fidelidad a una sola plataforma.
El estudio ha sido citado por analistas para ilustrar que la mayoría de los usuarios en América Latina participan de forma responsable, aunque los expertos advierten sobre la necesidad de un marco regulatorio que asegure tanto la protección del consumidor como la transparencia fiscal.
Mientras tanto, otros países latinoamericanos adoptan estrategias fiscales distintas. En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz Pereira propuso eliminar el impuesto a las apuestas para atraer inversión extranjera, argumentando que su aporte a la recaudación es menor al 1%. En cambio, Brasil avanza en sentido opuesto: el Congreso discute un aumento gradual del impuesto al juego, que pasará del 12% actual al 18% en 2028, destinando los recursos a la seguridad social.
El panorama fiscal en América Latina muestra tres enfoques distintos frente al sector de las apuestas. En México, el gobierno impulsa una reforma legal que incluye un aumento del 50% en los impuestos aplicables a las apuestas en línea, con el propósito de fortalecer el control financiero y prevenir el lavado de dinero, orientando los recursos hacia la recaudación y la transparencia.
En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz Pereira propone la eliminación del impuesto a los casinos, como parte de una estrategia de reducción de la carga tributaria para atraer inversión extranjera y estimular la economía. En contraste, Brasil avanza con un incremento gradual del impuesto al juego, que pasará del 12% actual al 18% en 2028, medida que busca elevar la recaudación pública y destinar los fondos al financiamiento de la seguridad social. Estos tres modelos reflejan la diversidad de políticas fiscales que los países de la región adoptan para regular un mercado en crecimiento y con alto impacto económico.
La nueva política mexicana representa un giro hacia la supervisión reforzada del sector, en un momento en que las apuestas digitales crecen de manera sostenida. Especialistas consideran que el reto principal será equilibrar la fiscalización con la competitividad del mercado, garantizando que las plataformas operen bajo reglas claras y verificables.
