Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay este viernes, luego de que el Senado destituyera a Santiago Peña por el escándalo relacionado con el colapso del banco digital Ueno, que dejó congelados los ahorros de millones de personas y provocó protestas en el país.
Alliana, quien se desempeñaba como vicepresidente de Peña, deberá concluir el periodo presidencial que termina en agosto de 2028. Su llegada al Ejecutivo ocurre en medio de las exigencias de los depositantes para recuperar su dinero y de las demandas para que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables de la caída de la institución financiera.
La destitución de Peña fue aprobada por unanimidad de los 44 senadores presentes, quienes lo declararon responsable de faltas graves en el ejercicio de su cargo. Los legisladores lo acusaron de utilizar su influencia política para canalizar recursos públicos hacia Ueno Bank, mientras los reguladores habrían pasado por alto operaciones financieras de riesgo.
Tras su salida, la Fiscalía paraguaya ordenó la detención del expresidente Santiago Peña y del exdirector del Banco Central, Carlos Carvallo, como parte de una investigación penal por presunto abuso de confianza y otros delitos relacionados con el colapso bancario.
De acuerdo con la orden dirigida a la Policía Nacional, Peña deberá permanecer bajo arresto domiciliario hasta que sea presentado ante los fiscales de la unidad de delitos económicos y anticorrupción, mientras que Carvallo deberá permanecer detenido en una instalación policial.
El caso provocó una crisis política y financiera en Paraguay, luego de que las autoridades intervinieran Ueno Bank y congelaran el acceso a los ahorros de cerca de tres millones de clientes. La institución se había convertido en uno de los cinco bancos más grandes del país por depósitos, impulsada por más de 800 millones de dólares en recursos públicos.
Entre los señalamientos contra Peña también se encuentra el presunto depósito de 355 millones de dólares del fondo estatal de pensiones en la institución financiera, una cantidad que, según los legisladores, habría superado los límites legales.
La crisis desató manifestaciones de miles de personas que exigen la devolución de sus ahorros y que se investigue a los responsables. Además, el principal sindicato de docentes anunció su intención de iniciar una huelga nacional indefinida para exigir la protección de los fondos públicos de pensiones.
Aunque algunos depositantes comenzaron a recuperar su dinero, el caso continúa bajo investigación y mantiene bajo presión al nuevo gobierno de Pedro Alliana.
