La crisis de desapariciones en México llegará este martes a la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), presentará el informe anual del organismo y expondrá la situación del país.
La intervención se realiza mediante un procedimiento excepcional previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Comité recurrió a este mecanismo tras considerar que existen indicios fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático en México.
El procedimiento comenzó en abril y representa la primera ocasión en que se invoca esta disposición para llevar una situación ante la Asamblea General desde la entrada en vigor de la Convención.
El objetivo es colocar el problema en la agenda internacional y promover la cooperación entre países en materia de búsqueda de personas, investigación y atención a las víctimas.
Sin embargo, la decisión ha generado diferencias con el Gobierno mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cuestionó las conclusiones del Comité y sostuvo que su interpretación del concepto de desaparición forzada es incorrecta, al considerar que incluye casos que no cumplen con la definición jurídica internacional.
Las autoridades mexicanas también han señalado que el organismo no tomó suficientemente en cuenta las reformas y acciones emprendidas en el país para atender esta problemática.
Antes de su comparecencia, Albán señaló que el procedimiento representa una oportunidad para movilizar la cooperación internacional en las tareas de búsqueda e investigación.
La presentación del informe permitirá exponer ante los Estados miembros los argumentos del Comité y dar continuidad al debate sobre las desapariciones en México, en medio de las exigencias de las familias para conocer el paradero de sus seres queridos y acceder a la verdad y la justicia.
