La Administración para el Control de Drogas (DEA) y fiscales de Estados Unidos precisaron los delitos que imputan al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con la acusación formal, la mayoría de los implicados enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos —entre ellos fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina—, así como por posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, además de conspiración para el uso de este armamento. Por estos delitos, las penas contemplan cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Entre los señalados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega y el fiscal adjunto Dámaso Castro Zaavedra, además de mandos de seguridad como Gerardo Mérida Sánchez, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, así como el exsubdirector policial José Antonio Dionisio Hipólito.
También figura el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
En un caso aparte, el excomandante policial Juan Valenzuela Millán enfrenta cargos adicionales por secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer ese delito, por lo que podría recibir cadena perpetua obligatoria.
Según la acusación, los funcionarios habrían utilizado sus cargos para facilitar operaciones del narcotráfico, incluyendo protección a integrantes del grupo criminal, filtración de información sobre operativos y resguardo de cargamentos de droga.
Las autoridades estadounidenses reiteraron que se trata de acusaciones y que la culpabilidad deberá determinarse en tribunales.
