La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este jueves el informe final de dos denuncias constitucionales que recomienda la inhabilitación por 10 años de Betssy Chávez, ex primera ministra del izquierdista expresidente Pedro Castillo (2021-2022), asilada por México frente al juicio por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022.
Se trata de dos nuevas denuncias constitucionales que la comisión permanente elevó al pleno del Parlamento, después de que este no lograra los votos suficientes para inhabilitar a Chávez en una primera moción, votada el miércoles.
En esta jornada, la Comisión Permanente debatió y votó la segunda conclusión del informe final de las denuncias constitucionales 547 y 575, que recomienda igualmente la inhabilitación de Chávez por un periodo de 10 años para el ejercicio de la función pública.
En este proceso también están incluidos el expresidente Pedro Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta, pero ambos solicitaron la reprogramación de sus audiencias ante el Congreso para ejercer su defensa, según explicó presidenta encargado de la Presidencia del Parlamento, el fujimorista Fernando Rospigliosi.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, sustentó el informe que concluye que Chávez desempeñó "un rol determinante" en las acciones que favorecieron la estrategia del entonces presidente Castillo el 7 de diciembre de 2022, lo cual contribuyó al quiebre del orden constitucional.
Entre los hechos expuestos, Camones detalló que la ex primera ministra condujo personalmente al equipo del canal TV Perú hacia el despacho presidencial en Palacio de Gobierno, pese a que dicha coordinación correspondía a oficinas especializadas y no a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Este equipo periodístico transmitió el mensaje a la nación de Castillo en el que anunció el cierre del Parlamento, la intervención del Poder Judicial y el gobierno mediante decretos de manera temporal, entre otras medidas que no llegaron a concretarse.
El informe expuesto por Camones también advirtió que Chávez no mostró oposición alguna al mensaje a la nación emitido por Castillo, y así infringió los artículos de la Constitución relacionados con la preservación de la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho.
Camones aclaró que el objetivo del proceso parlamentario es determinar la responsabilidad política y constitucional de la denunciada, pero que este procedimiento no aborda la comisión de delitos penales, pues los denunciados ya están sometidos a la justicia por los delitos de rebelión y conspiración.
El informe aprobado este jueves será debatido en el pleno del Congreso para determinar si procede la acusación constitucional contra Chávez, quien permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima a la expectativa de recibir el salvoconducto que le permita abandonar el país.
A raíz de su asilo, Perú rompió las relaciones diplomáticas con México, que ya estaban reducidas a nivel de encargados de negocios por la negativa de ese país a reconocer la legitimidad de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025) al reemplazar a Castillo.
Con información de EFE/Foto: Archivo/atf
