La comunidad de inteligencia de Estados Unidos contradice la narrativa del presidente Donald Trump sobre una presunta colaboración entre el régimen de Nicolás Maduro y el grupo criminal Tren de Aragua (TdA). Una evaluación confidencial del National Intelligence Council (NIC), respaldada por la mayoría de las 18 agencias de inteligencia del país, concluyó que el gobierno venezolano “probablemente no tiene una política de cooperación” con esa organización delictiva ni está dirigiendo sus operaciones hacia territorio estadounidense.
Este informe, fechado el 7 de abril de 2025 y desclasificado parcialmente esta semana tras una solicitud bajo la Freedom of Information Act, desmiente el argumento central de la administración Trump para invocar la Alien Enemies Act, una ley de tiempos de guerra de 1798, con la que ordenó la deportación sumaria de migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua, sin acceso al debido proceso.
Según la evaluación del NIC —órgano que trabaja bajo la dirección de Tulsi Gabbard, actual jefa de inteligencia nacional—, si bien el gobierno de Maduro a veces tolera las actividades del TdA dentro de Venezuela, en realidad considera al grupo una potencial amenaza para la estabilidad del régimen, y sus servicios de inteligencia y seguridad lo combaten activamente.
“Los servicios de inteligencia, militares y policiales venezolanos consideran al TdA una amenaza a la seguridad y actúan contra él, lo que hace altamente improbable que exista cooperación estratégica o sostenida”, detalla el informe.
La única agencia que mantuvo una postura distinta fue el FBI, que elaboró un memorando propio en el que sostiene que algunos funcionarios del gobierno venezolano probablemente facilitaron la migración de miembros del TdA a Estados Unidos, como parte de un presunto intento del régimen de Maduro por minar la seguridad pública estadounidense. Esa evaluación, sin embargo, fue calificada por la propia agencia como de “confianza media”, y podría degradarse debido a la calidad limitada de sus fuentes: siete migrantes detenidos, algunos con acceso indirecto a la información y posibles incentivos para exagerar sus testimonios con fines migratorios.
De hecho, el informe del NIC advierte que esos migrantes pudieron haber ofrecido información falsa o distorsionada para intentar obtener beneficios legales en sus procesos judiciales, y que sus afirmaciones no fueron respaldadas por otras pruebas clave, como comunicaciones interceptadas o transferencias financieras entre el gobierno de Venezuela y el grupo criminal.
“La comunidad de inteligencia considera que las afirmaciones que vinculan al régimen de Maduro con el control directo o el patrocinio del TdA no son creíbles”, concluye el documento.
Pese a estas advertencias, Trump firmó el 15 de marzo una proclamación oficial en la que acusó al gobierno venezolano de controlar al Tren de Aragua y de usarlo como un instrumento para enviar “terroristas” a territorio estadounidense. La orden ejecutiva activó la Alien Enemies Act y permitió la deportación inmediata de decenas de venezolanos a El Salvador, país que fue señalado como destino final para evitar conflictos diplomáticos con Caracas.
No obstante, varios tribunales federales suspendieron estas deportaciones, argumentando que la ley utilizada por Trump no es aplicable a contextos migratorios regulares ni sustituye el debido proceso legal garantizado por la Constitución.
La publicación del informe del NIC y su contradicción directa con la narrativa de la Casa Blanca provocó tensiones internas. El entonces director interino del NIC, Michael Collins, fue removido del cargo, y desde la oficina de Gabbard se presionó para reescribir las conclusiones del informe y evitar que “pudiera ser usado en contra” de las decisiones presidenciales, según correos internos citados por The New York Times.
Posteriormente, la jefa de inteligencia solicitó al Departamento de Justicia abrir una investigación por filtraciones, al tiempo que portavoces del gobierno acusaban a la “deep state” de obstaculizar políticas exitosas. “Ahora que América está más segura sin estos terroristas en nuestras ciudades, los actores del estado profundo han recurrido a su brazo propagandístico para atacar las políticas exitosas del presidente”, dijo un vocero de la ODNI en una declaración pública.
El Tren de Aragua es una organización criminal nacida en Venezuela que ha extendido su presencia por varios países de América Latina. En Estados Unidos, su existencia ha sido señalada en el contexto de la inmigración irregular, aunque no hay evidencia sólida ni consenso dentro de la comunidad de inteligencia de que exista una relación orgánica entre el grupo y el gobierno de Nicolás Maduro.
Fuente: New York Times y Washington Post
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