El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un panorama fiscal más complejo de lo anticipado, ante el aumento proyectado de la deuda pública en los próximos años.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las nuevas estimaciones incluidas en los Precriterios Generales de Política Económica 2027 prevén un crecimiento mayor al esperado en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), considerado el indicador más amplio de la deuda del país.
Cuando la actual administración inició el 1 de octubre de 2024, la deuda pública se ubicaba en 16.7 billones de pesos. Para febrero de 2026, ya había escalado a 18.7 billones.
Las proyecciones oficiales apuntan a que:
De cumplirse estas cifras, el incremento acumulado en los primeros 39 meses del sexenio sería de 5.1 billones de pesos, una cifra superior al aumento registrado en un periodo similar del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que fue de 2.9 billones.
Especialistas coinciden en que el crecimiento de la deuda responde principalmente a dos elementos:
La SHCP estima que la economía mexicana crecerá entre 1.9% y 2.9% en 2027; sin embargo, analistas consultados por el Banco de México prevén un avance más moderado, cercano al 1.8%. Un menor crecimiento implica menores ingresos para el gobierno.
El economista Humberto Calzada explicó que el endeudamiento está ligado al rezago económico y a que el gobierno mantiene un gasto superior a sus ingresos, lo que obliga a financiar la diferencia mediante deuda.
La Secretaría de Hacienda también ajustó al alza la proporción de la deuda respecto al tamaño de la economía. Ahora se prevé que represente el 55% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027, por encima del 52.3% estimado anteriormente.
No obstante, analistas de Banamex consideran que el nivel podría ser aún mayor, con proyecciones cercanas al 59% del PIB hacia 2027.
El aumento de la deuda pública podría generar diversas presiones económicas. Entre ellas, especialistas advierten posibles efectos en la inflación y en las tasas de interés, lo que influiría en las decisiones del banco central.
Asimismo, existe el riesgo de un deterioro en la calificación crediticia del país. Una eventual baja en la nota soberana encarecería el financiamiento y elevaría el costo de la deuda.
A largo plazo, el impacto también podría trasladarse a la población, ya sea a través de mayores impuestos, recortes en el gasto público o una combinación de ambos.
Analistas señalan que el respaldo financiero del gobierno a Petróleos Mexicanos (Pemex) ha ayudado a la petrolera, pero también ha presionado las finanzas públicas.
Ante este escenario, especialistas consideran que será necesaria una reforma fiscal para fortalecer los ingresos, mejorar la recaudación y reducir el déficit. Sin embargo, advierten que sin estos cambios estructurales será difícil lograr una consolidación fiscal sostenible.
Fuente: El Universal
