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La familia de Ernestina Ascencio Rosario busca que sea la presidenta Claudia Sheinbaum Pardoquien encabece el acto público de reconocimiento y disculpa por las violaciones a derechos humanos cometidas en el caso de la mujer indígena náhuatl de la sierra de Zongolica, informó Carmen Herrera García, integrante de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., y representante de la familia.
La abogada explicó que este punto todavía no ha sido acordado con el Gobierno federal, pese a las reuniones que desde abril mantienen los representantes de las víctimas con las instituciones responsables del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Una en la que no hemos tenido todavía acuerdo, que nos parece fundamental, es que la disculpa pública la dé la presidenta de la República”, señaló Herrera García.
Añadió que las autoridades federales han argumentado que no es habitual que la persona titular del Ejecutivo participe directamente en este tipo de actos. Sin embargo, la representación de la familia sostiene que existen razones para solicitarlo debido a la intervención que tuvo el entonces presidente Felipe Calderón durante las investigaciones del caso.
“Nos dicen que eso no es lo usual, pero respondimos diciendo que no es lo usual que sea el presidente de la República quien obstruya la justicia”, expresó durante una actividad realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.
México deberá informar en diciembre sobre avances
Herrera García indicó que diciembre será una fecha clave, porque el Estado mexicano deberá informar sobre los avances en el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte IDH.
Actualmente, representantes de la familia y autoridades federales trabajan en propuestas y contrapropuestas para definir cómo se ejecutará cada uno de los resolutivos de la sentencia.
“Tenemos unos meses clave para ver si por lo menos logramos la ruta correcta”, explicó.
Entre las medidas que podrían avanzar con mayor rapidez mencionó la realización de diagnósticos sobre el estado de salud de los familiares y el acceso a atención psicológica.
Las negociaciones son coordinadas por la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, y cuentan con la participación directa de integrantes de la familia, además de intérpretes para garantizar que puedan intervenir en las conversaciones.
Sentencia ordena investigar y reparar el daño
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano por violaciones a los derechos de Ernestina Ascencio y sus familiares, y ordenó diversas medidas de reparación.
Entre ellas se encuentran realizar una investigación penal, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables; proporcionar atención médica y psicológica gratuita a sus hijos; otorgar apoyos educativos y efectuar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
México aceptó públicamente la sentencia en diciembre de 2025 y la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó entonces que el Gobierno federal cumpliría las medidas establecidas por la Corte IDH.
El caso de Ernestina Ascencio
Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, fue localizada gravemente herida el 25 de febrero de 2007 cerca de un campamento militar instalado en Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica.
La Corte IDH concluyó que fue víctima de una agresión sexual cometida por integrantes del Ejército y que no recibió atención médica urgente. Ernestina murió al día siguiente en el Hospital Regional de Río Blanco.
El organismo internacional también determinó que la investigación fue cerrada de manera prematura y que no se agotaron las líneas necesarias para esclarecer los hechos.
Durante años, las autoridades mexicanas sostuvieron una versión distinta. En marzo de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón atribuyó públicamente la muerte a una gastritis crónica, mientras la investigación todavía se encontraba abierta.
La familia mantuvo el litigio durante casi dos décadas hasta que el caso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Herrera García explicó que, después de la sentencia, el proceso se encuentra ahora en una etapa de cumplimiento, en la que las medidas deberán ser dialogadas con las víctimas.
La representante señaló que la participación directa de la familia será central para definir las reparaciones y evaluar si el Estado mexicano cumple efectivamente con lo ordenado por la Corte.
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