El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) acumula 361 denuncias por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, pero únicamente 10 procedimientos han sido judicializados por la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo con información proporcionada por la auditora general, Delia González Cobos.
Los casos que han llegado ante un juez representan apenas 2.8 por ciento del total de denuncias presentadas históricamente por el organismo fiscalizador.
En contraste, alrededor de 72 asuntos fueron cerrados por la Fiscalía al determinar el no ejercicio de la acción penal, lo que equivale aproximadamente al 19.9 por ciento de las denuncias.
De las 361 denuncias presentadas por el Orfis, 183 corresponden a la gestión de Delia González Cobos, quien se encuentra próxima a concluir su periodo al frente del organismo.
La cifra representa 50.7 por ciento del total histórico de denuncias.
La auditora explicó que inicialmente había presentado 181 denuncias y posteriormente se sumaron otras dos, para alcanzar aproximadamente 183 durante su administración.
González Cobos aclaró que la presentación de una denuncia no significa necesariamente que el caso termine en un proceso penal, debido a que durante el procedimiento administrativo los entes fiscalizados tienen la posibilidad de entregar documentación, aclaraciones y elementos para solventar las observaciones detectadas.
La titular del Orfis señaló que la Fiscalía General del Estado ha concluido aproximadamente 72 asuntos a partir de la información obtenida durante las investigaciones y revisiones, por lo que determinó no ejercer acción penal.
Las denuncias involucran tanto a servidores públicos estatales como municipales, aunque la mayoría corresponde a autoridades de los ayuntamientos.
De acuerdo con la explicación de González Cobos, los procedimientos pueden modificarse conforme los entes fiscalizados presentan documentación para aclarar las observaciones señaladas por el órgano auditor.
La auditora general también planteó la necesidad de modificar la legislación para reducir el plazo de hasta siete años que actualmente puede transcurrir para concluir las investigaciones derivadas de los procesos de fiscalización.
La propuesta fue abordada durante un foro realizado en Pachuca, Hidalgo, y requeriría primero cambios a nivel federal para posteriormente armonizar la legislación de Veracruz.
González Cobos consideró que el periodo vigente prolonga el seguimiento de las observaciones y retrasa la definición sobre posibles responsabilidades administrativas.
Durante este proceso, el Orfis solicita información y aclaraciones a las dependencias, ayuntamientos y servidores públicos involucrados para determinar si las observaciones fueron solventadas o si debe continuar el procedimiento.
En determinados casos también interviene el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.
En paralelo, el Orfis se encuentra en la etapa final de revisión de la Cuenta Pública 2025, cuyos resultados serán entregados durante septiembre, antes de que concluya el periodo de González Cobos como auditora general.
La documentación será entregada de manera anticipada debido al relevo en la titularidad del organismo.
González Cobos explicó que todavía se analizan las respuestas y documentos presentados por los entes fiscalizados antes de determinar si existen observaciones relacionadas con un posible daño patrimonial.
Será después de valorar la solventación de las dependencias, ayuntamientos y demás organismos cuando el Orfis pueda establecer cuáles fueron las irregularidades detectadas en la revisión de los recursos públicos correspondientes a 2025.
AVC
