La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, envió al Congreso local una iniciativa para abrogar la actual Ley en Materia de Desaparición de Personas y sustituirla por un nuevo marco jurídico.
El objetivo es armonizar la normativa estatal con la Ley General, subsanar omisiones y fortalecer las capacidades institucionales en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas o no localizadas.
La propuesta contempla la creación de una Plataforma Estatal Única de Identidad, que integrará datos biométricos y personales, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como la base de carpetas de investigación. Esta herramienta permitirá verificar identidades de forma interoperable entre instituciones.
Asimismo, se establece que autoridades y particulares que administren bases de datos biométricos deberán permitir su consulta por parte de la Fiscalía Especializada.
La Fiscalía deberá reportar mensualmente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluyendo el número de denuncias, clasificación de casos, avances de investigación y sentencias.
Se fija un plazo de 60 días naturales para que las instituciones actualicen sus registros forenses vinculados al Banco Nacional de Datos Forenses, una vez que la ley entre en vigor.
La iniciativa establece que todos los bancos de datos forenses estatales —genéticos, odontológicos, antropológicos y dactiloscópicos— deberán estar interconectados con los bancos nacionales, garantizando trazabilidad e interoperabilidad.
También se obliga a las autoridades competentes a entregar información forense de manera periódica a la Fiscalía y a la Comisión Estatal de Búsqueda.
Los ayuntamientos deberán designar una unidad o persona enlace, colaborar en acciones de búsqueda, proporcionar recursos, participar en los registros oficiales y ofrecer atención psicosocial.
Se formaliza la participación de familiares de personas desaparecidas, quienes podrán proponer rutas de búsqueda, recibir información y contar con acompañamiento jurídico y pericial.
Se contemplan sanciones administrativas, penales y civiles para servidores públicos o particulares que obstaculicen las búsquedas o retarden procesos.
La ley incorpora un enfoque diferenciado y transversal para garantizar atención adecuada a mujeres, niñas, niños, migrantes, personas indígenas y población LGBTIQ+, bajo los principios de igualdad, no discriminación e interculturalidad.
En la exposición de motivos, la gobernadora argumenta que la ley vigente desde 2018 es ambigua y poco funcional, con contradicciones legales y falta de alineación con tratados internacionales.
Se reconoce que familias y colectivos han señalado deficiencias en la respuesta institucional y han demandado procesos más efectivos y humanos.
La propuesta busca un acceso ordenado a bases de datos y herramientas forenses, con coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales para evitar duplicidades y garantizar cumplimiento de funciones.
Fuente y foto: AVC
