Con 31 votos en favor, nueve en contra y cero abstenciones, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó la reforma de supremacía constitucional para que la Suprema Corte y los juzgados no puedan invalidar ninguna modificación que el Congreso haga a la Constitución.
Se trata de la reforma, el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal.
Apenas el miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular.
Esta reforma, también conocida como de “supremacía constitucional” y propuesta por los líderes de Morena en el Congreso, impide que la SCJN pueda declarar inválidas las modificaciones a la Constitución en sus resoluciones de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
La reforma incluye la siguiente adición al artículo 105 constitucional: “Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.
De igual forma, la reforma incluye una modificación al artículo 107 constitucional, donde se establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el mismo Decreto.
Con el voto aprobatorio del Pleno, el Congreso de Veracruz respaldó el proyecto que, de igual forma, ha sido aprobado por las legislaturas de los estados de Tabasco, Zacatecas, Quintana Roo, Tamaulipas, Baja California, Sonora, Ciudad de México, Nayarit, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla y Morelos.
Morena impulsó esta iniciativa para blindar su reforma constitucional del Poder Judicial, ante la posibilidad de que la Suprema Corte la pueda declarar inválida a través de acciones de inconstitucionalidad que recibió de partidos de oposición y otros actores.
Fuente:AVC
