El ex gobernador de Veracruz y hoy candidato a senador suplente por el PAN-PRI-PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, calificó como “un cuento” la llamada “carpeta azul” a la que en distintas ocasiones se han referido sus adversarios para decir que es investigado penalmente.
En conferencia de prensa explicó que esa versión fue creada hace aproximadamente una década por Morena y que recientemente “la candidata de Zacatecas” la usó para agredirlo en un debate y posteriormente en una entrevista sin que viniera al caso.
Sostuvo que él no estaba “invitado a la fiesta” (intercambio de acusaciones o señalamientos en medio del proceso electoral) pero ahora ve que sí lo está “pues entonces a cantar y bailar todos; también ella”.
Indicó que el tema de la carpeta azul tomó fuerza en el 2017 cuando un escándalo de corrupción afectó al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador; “me refiero a los videos de Eva Cadena recibiendo recursos ilícitos para la campaña, Eva Cadena representante de Rocío Nahle, no se nos olvide”.
Tras mostrar 20 segundos del video en donde se ve a Eva Cadena recibiendo dinero sostuvo que a partir de ese momento en lugar de explicar la razón y origen del dinero ilícito iniciaron una estrategia de comunicación tratando de convertir la carpeta azul en una sentencia condenatoria.
“Es una compilación de denuncias sin sustento, afirmaciones sin ninguna prueba, ocurrencias y muchísimos recortes periodísticos de notas que ellos mismos mandaron publicar, dentro de quienes me denunciaron se encuentran personajes tan honorables como Javier Duarte, César del Ángel, ya fallecido, Manuel Espino, entre otros”.
Además, contiene denuncias de organismos “tan imparciales” como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); y la Procuraduría Fiscal que “solo investigan a adversarios de Morena”.
La carpeta referida se compone de 126 hojas “cuya lectura no recomiendo” porque se perderá “miserablemente” el tiempo y sugirió leer una novela de ficción.
Aseguró que pese a que nunca ha sido citado por la Fiscalía, se puso a disposición de las autoridades y solicitó se determinara jurídicamente si era culpable por algún hecho ilícito y si lo era que procedieran como la ley lo dispone.
“Y después de varios años de investigaciones, estudios, análisis, peritajes, valoración de pruebas y demás trámites llegó a una conclusión, la conclusión es que no existe ningún delito y por lo tanto se determinó el no ejercicio de la acción penal, esto significa que ni yo ni nadie cometimos ningún delito”.
Lo anterior, agregó, le fue notificado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 12 de abril del 2023 mediante el oficio 3/103/2023 (lo muestra de forma digital) algo que no informó el año pasado porque el asunto le parece “tan estúpido” que no quiso perder el tiempo.
Sin embargo advirtió que “lo que viene ahora es la carpeta guinda con decenas de denuncias documentadas sobre enriquecimiento ilícito; operaciones con recursos de procedencia ilícita; uso de recursos públicos para apoyar a los candidatos de Morena, funcionarios millonarios del Bienestar; agresiones a mujeres; acoso sexual; carpeta guinda es lo que viene en el futuro”.
Al preguntarle contra quienes son esas denuncias de la “carpeta guinda” respondió que se trata de querellas presentadas en contra de Rocío Nahle; las de acoso sexual son en contra de quien identificó como “Lord Fentanilo” y otras que se presentarán esta semana en contra de personas que trabajan en la Secretaría del Bienestar y que declararon ingresos en un año por 10 millones de pesos y otra por 30 millones de pesos cuando ganan 12 mil pesos al mes; unas más en contra del gobierno estatal por desviar recursos para apoyar la campaña de Rocío Nahle; y en contra del alcalde con licencia de Martínez de la Torre.
Por otra parte se refirió a las acusaciones públicas que se han hecho en contra de él por adquirir cámaras de video vigilancia cuando fue gobernador de la entidad veracruzana y responsabilizó a Cuitláhuac García de no haber procedido conforme a derecho.
Detalló que al concluir su gobierno la empresa con la que se firmó un contrato no se habían podido conectar un “número pequeño de cámaras” por lo que le dieron un plazo a la compañía y se rescindió el contrato en la parte no ejecutada para que la nueva administración pudiera negociar la conclusión, algo que sucedió como lo ha informado el actual gobernador.
En el contrato suscrito se estableció una sanción económica para la empresa por cada día transcurrido sin que se conectaran las cámaras restantes, por lo que hasta la fecha se hubieran podido recuperar 200 millones de pesos, pero el gobierno no lo ha hecho.
Puntualizó que ellos no tienen nada que ocultar, no son “débiles”, que nunca se doblan ni se quiebran, pero sobre todo saben “cobrar” y si continúan con esas acusaciones llegará el momento en que “les pasaremos la cuenta”; y aunque no confía en la Fiscalía General del Estado cree que las cosas pueden cambiar.
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