La carretera que conecta Alvarado con Paso el Toro amaneció bloqueada el pasado lunes a la altura de la localidad de Los Robles, cuando un grupo de habitantes de la colonia Herón Proal tomó el control de la vía en ambos sentidos para exigir respuestas sobre la regularización de terrenos.
El caos vial no tardó en extenderse por la zona, afectando a decenas de conductores que no pudieron circular durante el tiempo que duró la protesta.
Los manifestantes reclamaban información sobre el proceso legal que les permitiría obtener documentos que acrediten la propiedad de lotes.
La protesta llegó a su fin después la intervención de la Política Regional del Gobierno del Estado de Veracruz tras alcanzar un acuerdo que permita dar seguimiento formal a las demandas planteadas. No fue una solución definitiva, pero sí suficiente para despejar la carretera y bajar la tensión en la zona.
Lo que llama la atención es que no se trató de un conflicto nuevo ni de una petición ignorada. Según las autoridades involucradas, este encuentro fue el séptimo en el que se reunieron representantes de diversas instancias gubernamentales para tratar el mismo asunto.
En la mesa han participado la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación de Veracruz, el Ayuntamiento de Alvarado, el Ejido correspondiente y la parte quejosa. Con ese antecedente, el bloqueo sorprendió a quienes consideraban que el diálogo seguía su curso.
El presidente municipal, Beto Cobos, sostuvo que los inconformes ya habían recibido atención por parte del gobierno y que el bloqueo carecía de una justificación real.
"Es un tema que tiene un trasfondo bastante complicado y que si la autoridad entra, en este caso muchos intereses ilícitos de particulares se van a ver afectados y creo que ese es el trasfondo medular de muchas cosas".
El alcalde fue más explícito al señalar que la irregularidad de muchos de los terrenos en disputa complica cualquier proceso de regularización, porque hacerlo implicaría afectar a personas con intereses privados sobre esos lotes.
"Me queda claro que como son temas irregulares, de lotes, muchos de ellos invadidos, como tú vas a regularizar afecta a intereses particulares no a los de la colectividad, sino particulares".
Entre las peticiones que llevaron los manifestantes al bloqueo había una que el propio Cobos calificó de improcedente: que el Ayuntamiento entregara escrituras a la escuela ubicada en Herón Proal. Ese trámite corresponde a otras instancias, no al gobierno municipal, lo que evidencia parte de la confusión que rodea al conflicto.
Uno de los momentos más llamativos de la jornada ocurrió durante la reunión de negociación, cuando varios de los participantes en el bloqueo después reconocieron abiertamente que se habían equivocado al tomar esa medida de presión y ofrecieron una disculpa a las personas que resultaron afectadas por el cierre vial.
Cobos también destacó que los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— mantuvieron comunicación constante con los líderes comunitarios de la zona, por lo que la manifestación resultó desconcertante para todos los funcionarios involucrados en el proceso de atención.
El asunto no termina necesariamente ahí. Tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) como el gobierno estatal de Veracruz decidirán si procede penalmente en contra de quienes organizaron y participaron en el bloqueo.
Los bloqueos carreteros en Veracruz son una forma de presión que distintas comunidades han utilizado históricamente para forzar respuestas de las autoridades, pero que también genera consecuencias para terceros que nada tienen que ver con el conflicto: transportistas, comerciantes y ciudadanos que simplemente necesitan moverse de un punto a otro. En este caso, el daño fue contenido porque la protesta se levantó el mismo día, pero el precedente quedó.
De momento, las demandas de regularización de tierras en Herón Proal seguirán su cauce institucional, con el compromiso de darles seguimiento que quedó plasmado en el acuerdo alcanzado este lunes.
