El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, consideró necesario investigar a fondo la presunta red de corrupción que habría operado durante más de 25 años al interior del Instituto Nacional Electoral (INE), al señalar que se trata de una estructura de complicidades que habría alcanzado a funcionarios de distintas partes del país, incluido Veracruz.
En entrevista, el legislador señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las demás instancias investigadoras deben esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar que se sancione a quienes hayan participado.
"Qué bueno que la Auditoría Superior de la Federación, que todos los organismos, el SAT, todas las áreas de investigación de qué ocurrió, expliquen, den cuentas y que se sanee ese instituto y se le dé credibilidad a las instituciones", expresó.
Huerta Ladrón de Guevara estuvo en un conocido café de Veracruz, donde sostuvo que las investigaciones no deben detenerse ni proteger a ningún funcionario, incluida la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, pues consideró que cada persona debe responder por sus responsabilidades.
"Sería un grave error porque estoy hablando justamente de que es necesario que las instituciones recobren su naturaleza. Sanear implica que cada quien con sus responsabilidades", afirmó.
Sobre el impacto político que este escándalo podría tener en Morena y la llamada Cuarta Transformación, el senador rechazó que necesariamente represente una afectación para el movimiento, pues aseguró que las presuntas irregularidades corresponderían a una red que se habría construido desde hace aproximadamente 25 años y en la que habrían participado distintos actores.
"Va más allá de Morena, para decirlo tú como si fueras yo. Es una macolla en la que participaron todos, desde hace 25 años", manifestó.
El legislador también señaló que el caso tiene antecedentes en Veracruz, aunque evitó proporcionar una cifra de funcionarios involucrados y pidió esperar los resultados de las investigaciones.
Explicó que la revisión de la ASF podría abarcar operaciones de hace dos décadas o incluso 25 años, mientras que las autoridades judiciales tendrán que determinar qué posibles delitos se configuraron y cuáles todavía pueden ser perseguidos legalmente.
Indicó que, aunque existe un periodo de nueve años que debe considerarse para la prescripción de determinados delitos, será necesario revisar los mecanismos de operación, las empresas involucradas y las posibles formas de lavado de dinero para esclarecer el alcance de esta red.
