María Alicia Guillén Hernández no ha dejado de buscar a su hijo Eduardo Meza Guillén, conocido como “Lalito”, quien desapareció el 21 de enero de 2012, cuando tenía apenas cinco años y siete meses de edad. El menor fue visto por última vez en el callejón ubicado a la entrada de su vivienda, en la colonia Francisco I. Madero, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Desde entonces, la vida de María Alicia ha transcurrido entre viajes, pistas, fotografías y la esperanza de encontrarlo. Durante una jornada de búsqueda en la ciudad de Veracruz, acompañada de otras madres buscadoras, relató que ha recorrido prácticamente toda la República Mexicana e incluso ha viajado a otros países para tratar de obtener información sobre el paradero de su hijo, sin que hasta ahora haya logrado localizarlo.
“Desde ahí nosotros no hemos sabido nada. Yo he andado de estado en estado y en países también buscando, pero no ha habido la posibilidad de encontrarlo”, expresó.
Han pasado más de 14 años desde aquella tarde en que Eduardo desapareció. Hoy tendría 20 años, pero para su madre sigue siendo el niño al que le perdió el rastro cuando apenas comenzaba a descubrir el mundo.
De acuerdo con reportes de medios locales de Chiapas, María Alicia comenzó la búsqueda prácticamente por cuenta propia. Con el paso de los años ha viajado desde Cancún hasta Tijuana, ha recorrido más de 260 municipios y ha seguido pistas que incluso la han llevado fuera de México.
En ocasiones ha contado con recursos para trasladarse; en otras, sus propios familiares han reunido dinero para que pueda continuar con la búsqueda. Cada viaje representa la posibilidad de encontrar una pista, obtener un testimonio o conocer algún dato que ayude a reconstruir lo que ocurrió con Eduardo.
Con una bolsa al hombro y folletos con la fotografía de “Lalito”, María Alicia recorre calles, coloca anuncios en postes y comparte la imagen de su hijo con la esperanza de que alguien lo reconozca y aporte información que permita conocer su paradero.
La madre señala que las investigaciones sobre el caso se han estancado y que, según su testimonio, las autoridades prácticamente le dieron carpetazo. Ante la falta de resultados, desde hace varios años se incorporó a la Red Nacional de Madres Buscando a sus Hijos, organización con la que continúa impulsando acciones para mantener vigente la búsqueda.
Su historia refleja las dificultades que enfrentan numerosas familias en México, donde la búsqueda de una persona desaparecida puede prolongarse durante años sin que sus seres queridos obtengan respuestas.
El caso de Eduardo forma parte de una problemática nacional que continúa representando uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos, seguridad y procuración de justicia.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), analizados por la organización Data Cívica, al 16 de agosto de 2026 se contabilizaban 406 mil 362 registros de personas que habían desaparecido en México desde 1952. De ese universo, 133 mil 788 permanecían sin ser localizadas.
Las cifras incluyen registros históricos y casos de distintas épocas, por lo que no corresponden exclusivamente a desapariciones recientes. Sin embargo, dimensionan la magnitud del problema y la cantidad de familias que han tenido que enfrentar la incertidumbre de no saber dónde están sus seres queridos.
La crisis también está marcada por las dificultades para esclarecer los casos, la identificación de restos humanos y la coordinación entre las instituciones encargadas de buscar a las personas desaparecidas.
En mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe Desapariciones en México, en el que calificó la situación como una grave crisis de derechos humanos.
El documento señaló que, con cifras de referencia a junio de 2025, el país acumulaba más de 128 mil personas desaparecidas y que estimaciones independientes calculaban más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar.
Detrás de estos números hay familias que pasan años buscando respuestas, mientras enfrentan gastos de traslado, trámites, investigaciones inconclusas y, en algunos casos, riesgos relacionados con las labores de búsqueda.
Ante la falta de resultados en numerosos casos, madres, padres, hermanos e hijos de personas desaparecidas se han organizado en colectivos para realizar búsquedas en vida, recorrer hospitales, centros de reclusión y espacios públicos, difundir fichas y buscar posibles indicios en terrenos y zonas donde se presume que podrían existir fosas clandestinas.
En distintas regiones del país, las familias buscadoras han participado en hallazgos de sitios de inhumación clandestina y restos humanos, actividades que evidencian tanto la dimensión del problema como las dificultades que persisten para localizar e identificar a las víctimas.
La labor implica una carga emocional y económica considerable. En su informe sobre mujeres buscadoras presentado ante la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional documentó las preocupaciones relacionadas con la garantía de sus derechos, las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan y la necesidad de que las autoridades les brinden atención y protección.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha reconocido el trabajo de las madres buscadoras y la necesidad de que las autoridades escuchen sus exigencias de verdad, justicia y respuestas sobre el paradero de sus familiares.
Mientras las instituciones mantienen la responsabilidad de buscar, investigar y esclarecer las desapariciones, miles de familias continúan organizándose para evitar que sus casos queden en el olvido.
Para María Alicia Guillén Hernández, la lucha tiene un nombre y un rostro: Eduardo, su “Lalito”. A más de una década de su desaparición, sigue recorriendo calles y compartiendo su fotografía con la esperanza de encontrar una respuesta a la pregunta que la acompaña desde enero de 2012: ¿Dónde está su hijo?
