Los patrones de violencia contra periodistas que se han registrado en Veracruz durante los últimos años continúan repitiéndose, mientras que las investigaciones por los asesinatos presentan deficiencias y no siempre logran identificar a los autores intelectuales, advirtió Propuesta Cívica.
Durante la presentación del informe “Prohibido investigar: La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz”, Ingrid Midori Pérez Guzmán, coordinadora del área legal de Propuesta Cívica, y Carlos Domínguez Hernández, integrante del equipo jurídico de la organización, señalaron que las autoridades deben reaccionar de manera inmediata ante las agresiones contra comunicadores.
Carlos Domínguez explicó que los casos recientes de periodistas asesinados en Veracruz como el de Roxana Guzmán al sur de Veracruz, de Luis Ángel López Valdez y Carlos Leonardo Ramírez Castro al norte, presentan patrones similares a los documentados en años anteriores, particularmente en los casos relacionados con el periódico Notiver.
“Hemos visto que son patrones que se siguen llevando a cabo. Los cuatro casos de Notiver son muy parecidos, por ejemplo, al de Roxana. Hubo una desaparición desde un principio, fue noticia, no se activaron los protocolos de búsqueda”, dijo Carlos Domínguez.
Consideró que las autoridades deben actuar de manera coordinada y no esperar a que una agresión termine en una tragedia para intervenir.
“Tiene que ser una estrategia integral donde lamentablemente tienen que ver muchas autoridades y tienen que coordinarse. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para poder actuar”.
Advierten investigaciones deficientes
Propuesta Cívica señaló que uno de los principales problemas que han identificado es la falta de investigaciones integrales en los casos de violencia contra periodistas.
Carlos Domínguez indicó que, aunque las autoridades inician investigaciones, en algunos casos las diligencias son superficiales y existen líneas de investigación que no se agotan.
“Se realizan diligencias superficiales, siempre son los mismos resultados: vamos a buscar cámaras, pero casualmente la cámara no funciona; vimos un testigo y ya no lo encontramos. Hay líneas de investigación que no se agotan”, agregó Carlos Domínguez.
Como ejemplo, mencionó el caso de Notiver, donde presuntamente se localizó a un sicario con las credenciales de las periodistas Yolanda y Ana Iracema, pero consideró que esa línea de investigación no fue agotada.
Advirtió que las investigaciones no deben limitarse a encontrar a los autores materiales de los crímenes, sino que también deben buscar quiénes los ordenaron.
“Se busca a los autores materiales, pero nunca a los autores intelectuales”.
Por ello, consideró necesario establecer planes de investigación con objetivos claros y una coordinación efectiva entre las instituciones de seguridad.
“Hay muchas instituciones de seguridad pública que tendrían que ser involucradas, Fiscalía, Secretaría de Seguridad Pública, inclusive las policías municipales. Creo que el primer gran reto que se tendría que hacer es coordinar y realmente tomar en serio la protección a los periodistas”.
Medidas de protección no siempre son suficientes
La organización también alertó que contar con medidas de protección no garantiza que un periodista esté completamente seguro.
Carlos Domínguez señaló que han acompañado casos en los que periodistas contaban con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y, aun así, fueron víctimas de agresiones.
Explicó que uno de los problemas es la centralización del sistema, pues las medidas pueden funcionar con mayor rapidez para periodistas ubicados en el centro del país, mientras que quienes trabajan en otras regiones pueden quedar más expuestos.
“Los periodistas que están en el centro están más protegidos. Los que están en las latitudes, como podría ser el caso de Roxana o el caso que tenemos acompañado de Gustavo en Oaxaca, no alcanza”.
Añadió que algunas medidas pueden resultar insuficientes o llegar demasiado tarde.
“El mecanismo está rebasado de toda la atención que tiene que dar y a veces las medidas que establece no son las idóneas o no entran con la rapidez que deberían de entrar”, señaló Ingrid Midori Pérez Guzmán.
Criminalización también representa un riesgo
Ingrid Midori Pérez Guzmán explicó que la violencia contra periodistas no solamente ocurre mediante agresiones físicas, sino también a través de mecanismos legales que pueden utilizarse para criminalizar o intimidar a quienes ejercen el periodismo.
Señaló que existen figuras jurídicas que pueden abrir la puerta a procedimientos contra comunicadores, como los delitos contra el honor que todavía permanecen en algunas entidades y determinadas denuncias relacionadas con violencia política de género.
Como ejemplo, mencionó casos en los que periodistas de Radio Teocelo fueron vinculados a denuncias por violencia política de género.
La especialista consideró que las autoridades pueden encontrar distintas vías para iniciar procedimientos contra periodistas, lo que puede generar un efecto de intimidación y favorecer la autocensura.
Ante este escenario, Propuesta Cívica consideró que la sociedad también tiene un papel importante en la defensa de la libertad de expresión.
Carlos Domínguez señaló que los periodistas necesitan el respaldo de la sociedad, pues cuando un caso se vuelve mediático las autoridades suelen reaccionar con mayor rapidez.
“La sociedad tendría que respaldar a sus periodistas. Al final, quienes cuidamos a los periodistas tendríamos que ser todos”.
Finalmente, Propuesta Cívica advirtió que la falta de información oficial sobre las agresiones contra periodistas dificulta conocer la magnitud real del problema y diseñar estrategias específicas para atenderlo.
“Lo que no se mide no se puede mejorar”, puntualizó Carlos Domínguez.
