El miércoles el congreso local votó a favor de la Declaración de Procedencia contra los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, los dos emanados de Movimiento Ciudadano.
¿Había elementos para desaforarlos?
El abogado penalista, Tomás Mundo, señala que no existían elementos para que la Legislatura los desaforara porque la Fiscalía General del Estado (FGE) carece de pruebas contundentes que relaciones a los ediles con hechos ilícitos.
En el caso del presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, conoce que la 'prueba reina' con la que cuenta la autoridad es el dicho de un testigo de referencia (aquel que no presenció el hecho delictivo directamente, sino que escuchó o recibió información de terceros).
"Es decir: un testigo que dice que le dijeron; ese testigo de referencia en el ámbito procesal penal carece de fiabilidad y obviamente de un gran peso probatorio".
Sostiene que la Fiscalía de Veracruz es de las peor evaluadas en México, pues apenas alcanza un 0.18 de capacidad para investigar con eficacia.
"A lo largo que va esta Fiscal, nueve meses al frente, ha encarcelado a más de 3 mil veracruzanos, es decir, lo que le interesa son números no la calidad de la investigación, lo que Marina Gascón ha llamado 'el síndrome de los número'".
Por lo tanto, considera que esos asuntos se "van a caer" porque desde el punto de vista penal no existe un respaldo jurídico fuerte, sólido y probatorio.
"¿Y sabes qué llama la atención también? La celeridad con que se actuó, la rapidez con que se actuó cuando se trata de (...) Y este es el sesgo político que no me corresponde opinar, pero cuando se trata de alcaldes de oposición".
Cabe destacar que el alcalde de Ixhuatlán es investigado, por su presunta responsabilidad en la privación de la libertad y posterior asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, en junio pasado.
Mientras que Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, es acusado por la Fiscalía de presuntamente estar detrás de la desaparición del empresario Héctor Ramos y de su escolta.
Del segundo caso, el litigante dijo desconocer a profundidad el tema, pero la FGE tendrá que aportar las pruebas que sustenten sus señalamientos.
Sin embargo, reconoció que ambos ediles podrían ser detenidos en cualquier momento, en caso de que ya existan órdenes de aprehensión en su contra.
Hasta el momento se sabe que siguen en funciones, pero los expedientes han generados varias reacciones porque los dos se han dicho inocentes.
Incluso el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, acusó al Gobierno de Veracruz de ejercer una “persecución política” contra integrantes de su partido, luego del desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván.
“Lo que está pasando en Veracruz, desde el sexenio de Cuitláhuac García y ahora con Rocío Nahle, tiene un nombre: persecución política”, afirmó.
Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que el desafuero de los alcaldes respondió exclusivamente a investigaciones realizadas por la Fiscalía y negó que exista una persecución con tintes políticos contra Movimiento Ciudadano.
