El bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial representa un riesgo para el Estado de derecho en México y mina la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, advirtió el presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez.
En entrevista para XEU, el líder empresarial subrayó que la certeza jurídica es un elemento fundamental para el desarrollo económico del país, por lo que decisiones que no pasan por un control judicial pueden generar incertidumbre y afectar el clima de negocios.
“Sin Estado de derecho no hay inversión, y sin inversión no hay empleos”, enfatizó Sierra Álvarez, al señalar que este tipo de prácticas debilitan la confianza de quienes buscan invertir en México.
El dirigente explicó que estos temas forman parte de los planteamientos que la organización empresarial ha expuesto en el marco de los “Diálogos por la Democracia”, un ejercicio en el que participan los aspirantes a la Presidencia de la República, entre ellos Xóchitl Gálvez Ruiz, Jorge Álvarez Máynez y Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante estos encuentros, detalló, se presenta el modelo de “Desarrollo Inclusivo”, una propuesta que busca colocar a la persona en el centro de las políticas públicas y vincular el crecimiento económico con el bienestar social.
Entre los temas prioritarios que Coparmex ha puesto sobre la mesa destacan la seguridad, el fortalecimiento del Estado de derecho, la mejora en los sistemas de educación y salud, así como la transición energética.
Sierra Álvarez destacó que, particularmente en regiones como Veracruz, es indispensable generar condiciones de certidumbre, infraestructura y seguridad para aprovechar oportunidades como el nearshoring, el desarrollo portuario y el Corredor Interoceánico.
Asimismo, reiteró la importancia de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), responsables de generar alrededor del 70% de los empleos en el país, mediante esquemas de financiamiento, simplificación administrativa e integración a cadenas de valor globales.
Finalmente, señaló que el compromiso de los candidatos con un “Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo” es una señal positiva, aunque insistió en que el respeto al Estado de derecho será clave para garantizar la confianza y el crecimiento económico sostenible.
