La supuesta estrategia del gobierno federal para evitar aumentos en los precios de las gasolinas y el diésel ha representado un impacto fiscal de 171 mil 34.41 millones de pesos en ocho meses, en medio del encarecimiento internacional de los combustibles por la guerra en Medio Oriente.
De acuerdo con un análisis del especialista en energía Ramsés Pech para el diario Reforma, 163 mil 819.93 millones de pesos corresponden a recursos que el Gobierno ha dejado de recaudar por los estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). A esta cantidad se sumarían otros 7 mil 214.48 millones de pesos por el subsidio adicional al diésel.
Este último combustible concentra el mayor impacto, con 92 mil 280.31 millones de pesos que el fisco habría dejado de recibir entre el 21 de marzo y el 20 de noviembre. En el mismo periodo, la pérdida estimada por la gasolina Magna asciende a 61 mil 791.49 millones y por la Premium a 9 mil 748.13 millones de pesos.
Los apoyos fiscales forman parte de la estrategia federal para contener los precios ante las presiones internacionales derivadas del conflicto en Medio Oriente y las tensiones por el cierre del Estrecho de Ormuz.
La semana pasada, la secretaria de Energía, Luz Elena González, aseguró ante senadores que el cierre de esta vía marítima no ha afectado a México. También sostuvo que el Gobierno ha conseguido evitar incrementos en los combustibles que sí se han registrado en otros países.
La funcionaria explicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) no obtiene los mismos beneficios que otras petroleras por el encarecimiento del crudo, debido a que su política no se rige exclusivamente por los precios del mercado, sino por la protección del ingreso de las familias.
Sin embargo, la propia empresa reconoció en su más reciente reporte financiero que los topes de 24 pesos por litro para la gasolina Magna y de 27 pesos para el diésel, establecidos desde marzo, pueden afectar negativamente sus resultados de operación.
Pemex advirtió que tampoco ha podido trasladar completamente a los clientes nacionales los incrementos en los costos de los combustibles, lo que podría reducir sus márgenes, afectar sus resultados operativos y presionar sus flujos de efectivo.
Así, mientras el Gobierno mantiene los precios para evitar un impacto directo en los consumidores, el costo de esa política se refleja en una menor recaudación fiscal y en presiones financieras para la petrolera.