Como parte de la investigación relacionada con un presunto caso de robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, conocido como huachicol, tras la determinación judicial, el exmandatario estatal permanecerá interno en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras continúan las investigaciones y se desarrolla el proceso penal en su contra.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos de prueba que sustentan la imputación, mientras que la defensa del exgobernador argumentó que las acusaciones carecen de sustento y anunció que continuará utilizando los recursos legales disponibles para impugnar la resolución.
De manera paralela, se informó que dos de los presuntos implicados en la misma investigación promovieron juicios de amparo con el objetivo de combatir las medidas cautelares y otros actos relacionados con el proceso penal que enfrentan.
Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer el alcance de los amparos ni si éstos modificarán la situación jurídica de los involucrados, por lo que será el Poder Judicial quien determine su procedencia.
El caso forma parte de las investigaciones federales contra una presunta red dedicada al tráfico ilegal de combustibles, delito considerado de alto impacto por las autoridades debido a las pérdidas económicas que genera y los riesgos para la seguridad pública.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, sino que significa que la autoridad judicial encontró elementos suficientes para que la investigación continúe y el caso avance hacia las siguientes etapas del procedimiento penal.
Las autoridades no han informado la fecha de la próxima audiencia ni el plazo establecido para el cierre de la investigación complementaria.
