Un tribunal de enjuiciamiento de Guanajuato dictó una sentencia de mil 18 años y cuatro meses de prisión contra el abogado Edgar Francisco Franco Ríos, tras encontrarlo culpable del delito de fraude en perjuicio de 107 personas, a quienes ofreció la venta de inmuebles sobre los que no tenía derechos legales.
Además de la condena de cárcel, el tribunal ordenó al sentenciado pagar más de 33 millones de pesos como reparación integral del daño ocasionado a las víctimas.
La resolución ha sido calificada como una de las más relevantes en la historia judicial del estado debido a la magnitud de la pena impuesta y al número de personas afectadas.
El fiscal general de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, señaló que el objetivo de la sentencia es garantizar justicia para las víctimas y procurar la recuperación del dinero obtenido mediante el esquema fraudulento.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Edgar Francisco Franco Ríos operaba desde el despacho jurídico "Punto Legal", ubicado en León, donde ofrecía supuestas oportunidades para adquirir viviendas a precios muy por debajo de su valor comercial.
Las autoridades establecieron que el abogado promocionaba inmuebles a través de redes sociales y plataformas de compraventa, presentándolos como propiedades provenientes de remates judiciales.
Las viviendas eran ofertadas entre 200 mil y 250 mil pesos, lo que convencía a decenas de personas de entregar el dinero con la expectativa de obtener una casa a bajo costo.
Para dar credibilidad a las operaciones, mostraba documentos que aparentaban estar respaldados por notarios públicos y aseguraba que las propiedades podían ser adquiridas legalmente.
Sin embargo, la Fiscalía acreditó que los inmuebles no estaban sujetos a ningún procedimiento de remate y que el abogado no contaba con autorización para venderlos.
La sentencia total deriva de dos resoluciones emitidas por el tribunal en junio de 2026.
En una primera resolución recibió 438 años y cuatro meses de prisión, mientras que en una segunda fue condenado a 580 años, sumando un total de mil 18 años y cuatro meses.
No obstante, la legislación penal de Guanajuato establece que la pena máxima que una persona puede cumplir en prisión es de 80 años, por lo que ese será el tiempo máximo que permanecerá privado de la libertad, aunque las condenas acumuladas superen el millar de años.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó al sentenciado cubrir una reparación integral del daño superior a 33 millones de pesos.
El monto incluye 29 millones 923 mil 100 pesos por daño material, 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por otros perjuicios ocasionados a las víctimas.
Las autoridades estatales señalaron que la resolución busca sancionar uno de los fraudes inmobiliarios más grandes registrados en Guanajuato y sentar un precedente sobre las consecuencias legales de este tipo de delitos patrimoniales.
