El debate político está causando una profunda depresión en el pueblo de México. Unos dicen: “Tú has robado”, y el otro responde: “Pero tú has robado más”. Una reflexión de este cruce de imputaciones emerge de inmediato: hasta dónde debe llegar la solidaridad de un partido para con sus militantes. ¿Debe ser un apoyo incondicional? Un partido es una entidad de interés público que aglutina a ciudadanos que se comprometen con una doctrina, no una cofradía que ata a sus integrantes a una hermandad sin límites y que puede degenerar en una agrupación delictiva.
Desde que nació la democracia y, con ella, organizaciones que postulan candidatos a cargos públicos, se corre el alto riesgo de que al asumir responsabilidades el funcionario desvíe su conducta y se olvide del compromiso con sus correligionarios. Es una historia que se repite una y otra vez. Lo más lamentable es que la institución que lo llevó al cargo no se deslinde y no exija la correspondiente investigación, desde luego, siempre defendiendo la presunción de inocencia. Cuando un partido le da prioridad al ocultamiento y soslaya la denuncia de los afectados, más temprano que tarde los gobernados le pierden la confianza.
La tarea prioritaria de una dirigencia es cuidar el prestigio de la organización. Vuelvo a Castillo Peraza: el PAN es un partido de tradiciones y la más cuidada ha sido (¿o fue?) la honradez. La vinculación es correlativa: ética y política.
No puedo compartir la expresión “el que se mete con uno se mete con todos”. Esa actitud corresponde a una pandilla, no a una asociación sustentada en principios.
Desde hace muchos años venimos escuchando quejas de la militancia panista más leal, la que habita en la demarcación de la hoy alcaldía Benito Juárez. Para nuestra desgracia, se repite la actitud observada en nuestra historia por la clase política: oídos sordos, defensa a ultranza, para devenir una inmensa alianza de complicidades. Se le tiene pánico al escándalo y se le da prioridad a quienes, sabiendo de sus antecedentes nada recomendables, se les postula porque garantizan el triunfo. Los partidos deben ser los primeros interesados en que la verdad aflore. La verdad nutre la confianza y nos permite convocar al voto.
Ciertamente, la administración de la justicia en México está sesgada. Nunca, que yo recuerde, había acontecido que una integrante del más alto órgano del Poder Judicial (que jamás, ni por asomo debió ser propuesta para el cargo), por todos los medios a su alcance, evita que se investiguen conductas deshonestas relativas a su persona.
El hecho de que sean asesinadas madres que buscan a sus familiares desaparecidos nos revela algo espeluznante: esas mujeres, obviamente, fueron ejecutadas por quienes hicieron lo mismo con sus parientes porque fueron más hábiles que el Estado para investigar delitos y pagaron cara su osadía.
Con todo y no descartar la parcial y selectiva aplicación de la ley, no se justifica, por elemental congruencia, intentar proteger a quienes, según indicios, incurren en conductas delictivas. Es simplemente caer en el mismo comportamiento que el PAN ha condenado.
Estamos inmersos en el proceso político más trascendente de los últimos lustros. Si no retornamos al respeto de lo elemental, que es la defensa de los principios, nuestra decadencia será irreversible. Lo más difícil es elegir mujeres y hombres idóneos para cumplir deberes.
Sin embargo, hay señales inequívocas que son factibles de distinguir. La fama pública es una de ellas. Claro que hay mexicanos probos que no se deben marginar del involucramiento en asuntos que a todos nos atañen. Pero también debe haber partidos que no se mareen con “la neurosis de la escaramuza electoral” y le den preeminencia al interés nacional.
