La aplicación de la Ley de Economía Digital en México podría generar dificultades para sectores de la población que no cuentan con acceso a servicios tecnológicos, además de abrir interrogantes sobre la protección de datos personales y la seguridad de las operaciones financieras, advirtió el especialista en Derecho Constitucional, Emilio del Río Pacheco.
Uno de los aspectos que destacó es que la legislación tiene aplicación nacional y contempla el uso de herramientas como la CURP digital y el expediente ciudadano para acceder a servicios financieros y realizar diferentes operaciones.
Asimismo, explicó que la normativa busca impulsar los pagos electrónicos tanto en instituciones gubernamentales como en establecimientos comerciales, con sectores como las casetas de peaje y las gasolineras entre los primeros en incorporar este esquema.
En entrevista para XEU Noticias, el doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en derecho mercantil, arbitraje y mediación empresarial señaló que, aunque se contemplan excepciones para situaciones de contingencia, estas no tendrían carácter permanente.
Contradicciones con el uso del efectivo
Del Río Pacheco señaló que uno de los puntos que deberán revisarse es la posible contradicción entre las nuevas disposiciones y la legislación monetaria vigente, que reconoce el efectivo como medio para cubrir obligaciones y realizar pagos.
Explicó que, desde el punto de vista jurídico, cuando dos disposiciones legales entran en contradicción se presenta lo que se conoce como una antinomia, situación que podría generar controversias sobre la aplicación de estas medidas.
El especialista también consideró que existe una tendencia internacional hacia la digitalización de las operaciones económicas y mencionó el caso de China como ejemplo de un país donde los pagos y diversos servicios se encuentran ampliamente vinculados a plataformas digitales.
Sin embargo, advirtió que México todavía enfrenta importantes rezagos en conectividad y acceso a herramientas tecnológicas, por lo que consideró que no toda la población está en condiciones de incorporarse a este modelo.
Como ejemplo, mencionó a campesinos, pescadores y personas adultas mayores que no necesariamente cuentan con teléfonos inteligentes, tarjetas bancarias o dispositivos electrónicos para realizar sus actividades cotidianas.
"Obligar a que la realidad cambie porque cambiamos las leyes es un tema que va a ser seguramente muy complicado en breve", expresó.
Por ello, consideró necesario que las autoridades establezcan mecanismos de aplicación gradual, tomando en cuenta las condiciones de cada sector y de los grupos vulnerables.
Alertan por riesgos de ataques cibernéticos
Otro de los aspectos que manifestó como motivo de preocupación es la seguridad de la información personal y financiera de los ciudadanos.
El abogado señaló que México ha enfrentado diversos ataques cibernéticos contra plataformas e instituciones, entre ellos incidentes relacionados con Pemex y dependencias de Hacienda, lo que, desde su perspectiva, evidencia los desafíos que existen para garantizar la protección de los datos.
Consideró que si las propias instituciones gubernamentales enfrentan dificultades para proteger sus sistemas, los ciudadanos podrían quedar expuestos ante posibles vulneraciones de su información.
También advirtió sobre los riesgos de concentrar los recursos económicos de la población en plataformas bancarias y digitales, pues un ataque informático o una falla en los sistemas podría comprometer el acceso al dinero de los usuarios.
Amparo, una alternativa para combatir la aplicación de la ley
Cuestionado sobre las opciones legales para quienes busquen evitar que estas disposiciones les sean aplicadas, Emilio del Río Pacheco explicó que el juicio de amparo es una de las alternativas jurídicas disponibles.
No obstante, precisó que, tras la reciente reforma a la Ley de Amparo, las resoluciones favorables no tienen efectos generales para toda la población, sino que protegen a quienes obtengan una sentencia favorable.
Agregó que esto también podría representar dificultades prácticas para quienes busquen continuar utilizando efectivo en sus actividades cotidianas.
En ese sentido, insistió en la necesidad de que el gobierno contemple mecanismos de gradualidad para evitar que las nuevas disposiciones representen obstáculos para personas que dependen del efectivo.
Cuestiona el alcance de la información que concentraría el Estado
Sobre el uso de la CURP digital y el expediente ciudadano, el especialista consideró que estas herramientas podrían representar una mayor concentración de información personal, biométrica y financiera en manos del Estado.
"Si ya tenemos el control del teléfono, ya tenemos el control de tu información, ya tenemos todos sus datos biométricos, ya tenemos tus cuentas bancarias, ya tenemos todo eso, ¿en realidad para qué quiere el gobierno tanta información de nosotros?", cuestionó.
Asimismo, planteó preocupaciones sobre el posible uso de esos datos y los riesgos de que terceros, incluidos delincuentes digitales, puedan apropiarse de información personal y financiera.
Como referencia, mencionó que en Suiza se realizó un referéndum para garantizar constitucionalmente el uso del dinero en efectivo, al señalar que existen países donde la población ha manifestado preocupaciones ante la digitalización de las operaciones económicas.
Finalmente, recomendó a los ciudadanos mantenerse atentos a las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda, particularmente aquellas relacionadas con la implementación de los pagos digitales.
También llamó a la población a acercarse a sus diputados y senadores para expresar sus inquietudes y participar en la discusión sobre el alcance de estas medidas.
"Hay que estar muy pendientes, estar muy cerca de sus representantes y presionarlos. Hay que presionar a sus diputados, a sus senadores, todo lo que sea necesario para poder evitar que esto nos afecte como ciudadanos", concluyó.