Cierre de empresas en España repunta 22% por las políticas laborales, las cargas patronales y las exigencias regulatorias que se encuentran entre los factores que han aumentado la presión, en un contexto en el que las insolvencias volvieron a repuntar y las grandes y pequeñas compañías enfrentan dificultades para mantener su rentabilidad.
El deterioro ocurre durante el gobierno del presidente Pedro Sánchez, cuya política económica ha estado marcada por cambios en las condiciones laborales, mayores obligaciones para los empleadores y una amplia intervención regulatoria.
Uno de los puntos de presión es el costo de contratar trabajadores. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, el costo laboral de las empresas aumentó 4% anual durante el segundo trimestre de 2026 y alcanzó 3 mil 388.15 euros mensuales por trabajador. Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que representan el principal componente de los costos laborales distintos de los salarios, también aumentaron 4.2%.
A esto se suman las contribuciones patronales. En 2026, la aportación empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social se mantiene en 23.6% de la base de cotización, además de otras cuotas y obligaciones que debe cubrir el empleador.
Otro de los cuestionamientos se relaciona con la carga administrativa y regulatoria que enfrentan los negocios.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió en su estudio económico de España de 2025 que existen más de 100 disposiciones regulatorias vinculadas con obligaciones contables, laborales, financieras y fiscales que se activan cuando las compañías alcanzan determinados niveles de facturación.
De acuerdo con el organismo, estos requisitos pueden desincentivar que las empresas crezcan, limiten su contratación y reduzcan sus inversiones en innovación, al generar costos adicionales cuando superan determinados umbrales.
Este escenario representa una dificultad para las pequeñas y medianas empresas, que deben destinar recursos a cumplir obligaciones administrativas y laborales, además de financiar sus operaciones.
La presión sobre el sector empresarial coincide con un repunte de los procedimientos de insolvencia.
Entre enero y septiembre de 2026, las compañías españolas con ingresos anuales superiores a 15 millones de euros acumularon 78 procedimientos, 28% más que los 61 registrados durante el mismo periodo del año anterior.
El sector de la construcción presenta uno de los mayores deterioros entre las grandes compañías: los procedimientos de insolvencia pasaron de cinco a 20, un incremento de 233%.
En el conjunto de la economía, las insolvencias empresariales aumentaron 22% durante el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2025. Septiembre registró un repunte de 58%.
El informe de Solunion también advierte sobre el riesgo de que las dificultades financieras de las grandes compañías terminen afectando a sus proveedores, subcontratistas y pequeñas empresas, debido a las facturas que pueden quedar pendientes de pago.
Aunque entre enero y septiembre se contabilizaron 3 mil 788 procedimientos, 5.3% menos que un año antes, la evolución del tercer trimestre llevó a revisar las previsiones. Ahora se calcula que España cerrará 2026 con aproximadamente 5 mil 550 insolvencias, una reducción de apenas 2%, frente al descenso de 10% que se esperaba inicialmente.
Los datos ponen nuevamente en el centro del debate el impacto de los costos laborales, las cotizaciones empresariales y la regulación sobre la competitividad de los negocios, situación similar que enfrentan las empresas en México, en momentos en que necesitan mantener liquidez y márgenes suficientes para continuar operando.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha documentado un problema que va más allá de las insolvencias: las reglas que buscan proteger a las empresas pequeñas pueden terminar convirtiéndose en obstáculos cuando estas intentan crecer.
En España, el organismo identifica más de 100 disposiciones vinculadas al tamaño empresarial; en México, advierte que la fragmentación de los trámites estatales y municipales también eleva los costos y dificulta la expansión de las pequeñas y medianas empresas
Advierte que superar determinados niveles de facturación, contratar más trabajadores o ampliar las operaciones puede representar un nuevo problema para las empresas: más trámites, obligaciones fiscales, costos administrativos y requisitos regulatorios.
El señalamiento cobra relevancia ante el repunte de las insolvencias empresariales en España, donde los procedimientos concursales aumentaron 22% durante el tercer trimestre de 2026, mientras que las compañías de mayor tamaño registraron un crecimiento de 28% en estos procesos entre enero y septiembre.
