Los señalamientos de presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) podrían derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales para los funcionarios que hayan participado en irregularidades relacionadas con la asignación, firma y supervisión de contratos, consideró Arturo Pueblita, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana.
En entrevista para XEU, el abogado señaló que las investigaciones no deberían limitarse a la posible responsabilidad de la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, sino que también tendrían que abarcar a los servidores públicos que intervinieron en los procedimientos de contratación y al titular del Órgano Interno de Control, encargado de vigilar el correcto uso de los recursos.
Pueblita cuestionó que las presuntas irregularidades hayan salido a la luz mediante filtraciones a medios de comunicación y no como resultado de las auditorías y revisiones de la Contraloría del propio instituto. A su juicio, esto también obliga a revisar el desempeño de las instancias responsables de supervisar los contratos.
¿Qué delitos podrían configurarse?
El presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana explicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de investigar los hechos y determinar si existen elementos para iniciar procedimientos penales.
Entre las posibles conductas que, dependiendo de los resultados de las investigaciones, podrían analizarse mencionó el uso indebido de facultades y atribuciones, cohecho, peculado e incluso lavado de dinero, si se comprueba la utilización de recursos públicos obtenidos de manera irregular.
Además de las consecuencias penales, indicó que podrían establecerse responsabilidades administrativas para los servidores públicos que hayan actuado de manera negligente o participado directamente en actos de corrupción.
El abogado sostuvo que, en caso de acreditarse irregularidades, no bastaría con separar de sus cargos a los funcionarios involucrados, sino que tendrían que iniciarse los procedimientos correspondientes para deslindar responsabilidades y recuperar los recursos públicos que hubieran sido utilizados indebidamente.
Para ello, consideró necesaria la intervención coordinada de distintas instituciones, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR, además del Órgano Interno de Control del INE.
Facultades de la presidencia del INE no eximen de responsabilidades
Cuestionado sobre si las facultades que se otorgaron a Guadalupe Taddei para tomar decisiones de manera unilateral podrían servir como argumento para evitar sanciones, Pueblita respondió que no representan una exoneración ni una atenuante frente a posibles responsabilidades.
Explicó que esas atribuciones estaban relacionadas principalmente con nombramientos y determinadas decisiones dentro del instituto, pero su ejercicio no libera a ningún funcionario de responder por actos que pudieran constituir faltas administrativas o delitos.
En el ámbito político, el abogado también cuestionó que desde el Gobierno federal se hayan expresado respaldos públicos a la titular del INE cuando ya existían señalamientos sobre posibles irregularidades. Consideró que un organismo constitucional autónomo, cuya función es actuar como árbitro en las contiendas electorales, debe mantener independencia respecto de cualquier partido político o gobierno.
Pueblita señaló que este caso debe motivar una revisión de los mecanismos para garantizar que quienes encabecen las instituciones electorales tengan perfiles independientes y sin vínculos que comprometan su imparcialidad.
Finalmente, llamó a la ciudadanía, los medios de comunicación y la comunidad jurídica a mantener la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos, y sostuvo que cualquier irregularidad que se detecte debe investigarse y sancionarse conforme a la ley.
El abogado insistió en que las autoridades competentes deben esclarecer los hechos, determinar si existió una red de corrupción y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes y resarcir el posible daño al erario.
