El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó intervenir el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tras denunciar presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, la contratación y la administración de equipos médicos.
La decisión se produjo durante una visita al archipiélago colombiano, en el mar Caribe, donde el mandatario confrontó a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz y la gobernadora de San Andrés, durante un encuentro en el que cuestionó el manejo de la contratación y la situación del hospital de las islas.
Cuestionó las condiciones en las que opera el centro hospitalario y anunció una revisión de los contratos y de los recursos destinados a los servicios de salud.
“Aquí no ha faltado plata, aquí lo que ha faltado es honestidad”, afirmó el mandatario colombiano, al sostener que su administración no permitirá que se desvíen recursos
Entre los señalamientos se encuentran la presunta existencia de equipos médicos almacenados y en deterioro, posibles nóminas paralelas y contratos bajo cuestionamiento. El gobierno anunció la revisión de estos asuntos para determinar si existen responsabilidades administrativas o posibles irregularidades en el uso del presupuesto público.
El caso también involucra a la representante Elizabeth Jay-Pang, cuyo esposo, Norbert Vonblon Pomare, aparece relacionado con contratos públicos en el archipiélago. Según reportes de medios colombianos, cuatro contrataciones realizadas entre 2018 y 2024 sumaron aproximadamente mil 709 millones de pesos colombianos.
A raíz de las denuncias, la Procuraduría General de Colombia abrió indagaciones preliminares relacionadas con la contratación del hospital y otros contratos públicos en San Andrés. Estas actuaciones buscan establecer si existen elementos para avanzar en procedimientos formales.
San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un departamento insular colombiano ubicado en el Caribe. Su hospital departamental es fundamental para la atención médica de la población, debido a las limitaciones que implica su ubicación geográfica para acceder a servicios especializados fuera de las islas.
