La Secretaría de Salud reconoció que existen casos de presunto desvío de medicamentos destinados a hospitales y centros de salud públicos para su comercialización ilegal, incluso en negocios instalados a las afueras de las unidades médicas.
El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que algunas situaciones ya han sido documentadas, mientras que otras continúan bajo investigación. Ante este escenario, el Gobierno federal busca fortalecer los controles para identificar los fármacos gratuitos y dar seguimiento a su distribución.
“Desafortunadamente tenemos algunos casos, algunos documentados, algunos que tenemos que investigar más a detalle y encontrar si hay desvío de medicamentos desde el hospital, centro de salud, hacia venta, incluso afuera de los propios hospitales”, declaró durante la conferencia matutina.
El funcionario explicó que una de las acciones previstas consiste en hacer más visibles las leyendas que identifican los medicamentos entregados gratuitamente por las instituciones públicas, pues actualmente algunas etiquetas no permiten reconocerlos con facilidad.
Con esta medida, las autoridades pretenden que los pacientes distingan los productos que deben recibir sin costo y que la población pueda identificar posibles irregularidades cuando esos fármacos sean ofrecidos en tianguis o farmacias privadas.
Clark aclaró que estos casos no deben atribuirse de manera generalizada al personal médico o de enfermería, aunque consideró necesario reforzar la vigilancia para evitar que los medicamentos salgan de las unidades de salud y sean comercializados.
“No quiero decir que es un tema de los médicos en general, desafortunadamente algunas personas llevan actividades y tenemos que seguir acotando esos espacios para asegurar que los medicamentos están en los hospitales, centros de salud, no se desvían de ahí cuando se le entregan a un paciente de manera gratuita”, señaló.
Como parte de la estrategia, la Secretaría de Salud trabaja en la digitalización de sus procesos para establecer mecanismos de trazabilidad que permitan conocer el origen, el lote y el destino de los medicamentos.
El objetivo es vigilar especialmente los tratamientos de alto costo, cuyas cajas pueden superar los 200 mil pesos, para identificar a qué unidad médica fueron enviados y dónde se entregaron, así como detectar posibles desviaciones.
En otro tema, Eduardo Clark aseguró que el proceso de compra consolidada de medicamentos e insumos para los años 2027 y 2028 contempla la totalidad de los requerimientos calculados por las instituciones públicas de salud.
Detalló que la planeación para adquirir alrededor de 6 mil millones de piezas comenzó en agosto de 2025 e incluyó más de 100 reuniones técnicas con médicos, personal de enfermería y especialistas en diversas enfermedades.
Para determinar las cantidades necesarias, explicó, se tomaron en cuenta la población atendida, el número de pacientes y las previsiones epidemiológicas.
El subsecretario agregó que los primeros proveedores adjudicados conocieron desde agosto de 2026 los volúmenes que deberán entregar a partir del 1 de enero de 2027, con el propósito de que puedan organizar su producción y gestionar los permisos de importación que requieran.
Según el funcionario, esta anticipación busca mejorar las condiciones para cumplir con las entregas, aunque no garantiza que todos los medicamentos estén disponibles en los hospitales.