La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, cuenta con diversos datos de prueba contundentes, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información relacionados con las operaciones de la empresa Ingemar.
De acuerdo con la Fiscalía, los elementos recabados durante la investigación apuntan a la presunta participación de Ruffo, como accionista y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señaló que sus trabajos ministeriales permitieron identificar una presunta red dedicada al contrabando de combustible, que habría utilizado ferrotanques para realizar sus operaciones a través de Ingemar.
Según la FGR, la empresa está vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, y habría registrado movimientos millonarios en cuentas nacionales que, de acuerdo con la dependencia, resultaban incongruentes con su perfil fiscal.
La investigación forma parte del proceso penal que enfrenta Ruffo por delitos relacionados con delincuencia organizada y materia de hidrocarburos. La FGR ha señalado que el cambio de la medida cautelar para que el exgobernador continúe el proceso en su domicilio no implica la suspensión ni modificación del proceso penal.
La Fiscalía también incorporó a su investigación información derivada de entrevistas en las que, según la dependencia, Ruffo habría reconocido su participación accionaria en Ingemar y conocimiento de operaciones relacionadas con camiones y ferrotanques.
La FGR sostiene que estos elementos forman parte de los datos de prueba que serán presentados ante la autoridad judicial para sustentar su investigación.
El caso se relaciona con una investigación más amplia sobre el presunto ingreso irregular de hidrocarburos mediante transporte ferroviario. La Fiscalía ha señalado que los trabajos de investigación permitieron identificar patrones en los que se declaraba ante las autoridades aduaneras un volumen de combustible menor al que presuntamente era transportado.
La FGR precisó que el proceso penal continúa ante la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar lo que corresponda con base en las pruebas que sean desahogadas durante el procedimiento.
La dependencia también recordó que la investigación se encuentra sujeta a las reglas del proceso penal y que existen restricciones para divulgar información relacionada con indagatorias en curso.
Ernesto Ruffo Appel se encuentra sujeto a un proceso penal y debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria que determine su responsabilidad.
Con información de Político Mx
