Un análisis del Human Rights Center de UC Berkeley sostiene que la vigilancia, el hostigamiento digital y la estigmatización de periodistas y defensores durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador podrían ser examinados como un posible crimen de lesa humanidad de persecución.
El Human Rights Center de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley publicó una investigación sobre los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos registrados durante el gobierno de López Obrador, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024. El estudio plantea que el conjunto de estas acciones podría reunir elementos para una persecución bajo el Estatuto de Roma, tratado que rige a la Corte Penal Internacional (CPI).
La investigación documentó presuntos casos de vigilancia mediante programas espía, campañas de hostigamiento en internet, estigmatización desde las conferencias presidenciales, procesos legales contra críticos y violencia física contra integrantes de estos grupos.
De acuerdo con Berkeley, durante el periodo analizado fueron identificados 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados, de los cuales 78 eran periodistas y 259 defensores. El centro señala que estos homicidios fueron analizados junto con otros actos de vigilancia, intimidación y hostigamiento para determinar si existía un patrón más amplio.
Uno de los aspectos centrales del estudio es el uso de tecnologías de vigilancia. El equipo de investigación sostiene que el software Pegasus y otras herramientas fueron utilizadas contra periodistas y defensores, mientras que documentos obtenidos mediante la filtración conocida como Guacamaya Leaks permitieron reconstruir parte de las operaciones de vigilancia atribuidas a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El análisis también revisó las conferencias matutinas de López Obrador. Según Berkeley, mediante herramientas de análisis se identificaron 2 mil 827 segmentos en mil 437 conferencias en los que periodistas fueron descalificados o desacreditados, además de documentar campañas de acoso digital posteriores.
La publicación de Berkeley no significa que la Corte Penal Internacional haya abierto una investigación contra López Obrador. Lo que plantea Lindsay Freeman, directora de Rendición de Cuentas Internacional del Human Rights Center de Berkeley, es que la información reunida ameritaría que la Fiscalía de la CPI realice un examen preliminar para determinar si existen bases suficientes para una investigación.
La propia CPI explica que una evaluación preliminar sirve para determinar si una situación cumple con los requisitos legales para eventualmente abrir una investigación, entre ellos jurisdicción, gravedad, admisibilidad y complementariedad con las investigaciones nacionales.
Berkeley señala que originalmente su investigación fue concebida como una posible presentación ante la CPI. Sin embargo, el equipo sostiene que las sanciones estadounidenses contra integrantes de la Corte impidieron realizar esa presentación por una vía que consideraban jurídicamente viable, por lo que los resultados fueron publicados como una plataforma de evidencia para periodistas, organizaciones y autoridades.
El estudio se centra en determinar si la combinación de vigilancia, hostigamiento, estigmatización, procesos legales y violencia contra periodistas y defensores puede constituir un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y, por tanto, encuadrar en la figura de persecución prevista en el Estatuto de Roma. La determinación jurídica definitiva correspondería a las autoridades competentes y no al análisis académico.
