La ministra en retiro y expresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, reapareció públicamente y lanzó una advertencia sobre los posibles efectos principalmente económicos de la reforma judicial implementada en México.
Durante su participación en el foro “Diálogos Constitucionales: México en perspectiva”, organizado por la Escuela Libre de Derecho, Piña señaló que los cambios al Poder Judicial han generado “muchos focos rojos”, principalmente en materia de certeza jurídica e independencia judicial.
La exministra cuestionó la forma en que fue diseñada la reforma y sostuvo que, desde su perspectiva, no existió un diagnóstico suficiente que permitiera identificar con claridad los problemas del sistema de justicia y determinar las soluciones más adecuadas.
Uno de los elementos que consideró preocupantes es que la modificación constitucional tuvo que ser ajustada antes de cumplir un año de su entrada en vigor, situación que, dijo, debe llamar la atención al momento de evaluar el proceso de transformación del Poder Judicial.
Piña Hernández advirtió que las modificaciones no solamente tienen implicaciones para jueces, magistrados y ministros, sino también para ciudadanos, empresas, inversionistas y propietarios de bienes.
En ese sentido, señaló que una eventual disminución de la certeza jurídica puede tener consecuencias económicas, debido a que las empresas requieren condiciones de seguridad y reglas claras para realizar inversiones y proteger su patrimonio.
La ministra en retiro también hizo referencia a modificaciones relacionadas con la prisión preventiva oficiosa y al juicio de amparo, al considerar que algunos de estos cambios pueden generar nuevos cuestionamientos sobre la protección de los derechos y las garantías judiciales.
Otro de los principales señalamientos de Piña estuvo relacionado con la independencia del Poder Judicial, considerada un elemento esencial para que las personas juzgadoras puedan resolver los casos con base en el derecho y sin presiones externas.
La exministra recordó que apenas ha transcurrido alrededor de un año desde la entrada en funciones de la nueva estructura judicial, por lo que consideró prematuro establecer un diagnóstico definitivo sobre sus resultados. Sin embargo, sostuvo que ya existen elementos que deben ser observados con atención.
La reforma judicial de 2024 modificó la estructura del Poder Judicial de la Federación y estableció, entre otros cambios, la elección mediante voto popular de integrantes de la judicatura federal. La nueva organización comenzó a operar posteriormente con órganos como el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Durante el encuentro jurídico, Norma Piña incluso recurrió al humor para hacer referencia a los llamados “acordeones” utilizados durante la primera elección judicial, al señalar que era necesario adaptarse a la nueva realidad política y judicial del país.
Sus declaraciones vuelven a colocar en el debate nacional las consecuencias de la reforma judicial y el impacto que los cambios pueden tener en la impartición de justicia, la seguridad jurídica, la independencia de los tribunales y la confianza de ciudadanos e inversionistas.
A un año de la renovación del Poder Judicial, el debate sobre los resultados, alcances y pendientes de la reforma continúa abierto en México, mientras distintas voces jurídicas y políticas analizan el funcionamiento de la nueva estructura.
