Dos camiones de pasaje de la empresa Saeta Verde permanecen retenidos desde el pasado 13 de junio, luego de un conflicto registrado por un bloqueo vial en la zona de El Pando, en Medellín de Bravo, denunció el abogado Jorge Reyes Leo, quien representa a la empresa y a su administrador único, Saúl Enríquez Hernández.
El abogado señaló que las unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado tras la intervención de elementos de Seguridad Pública, pero aseguró que la autoridad no realizó formalmente un aseguramiento conforme a los términos legales, por lo que consideró que la retención de los vehículos es arbitraria.
“Estos dos camiones hoy están dentro de un encierro y ese encierro cobra a diario una pernocta por cada uno de ellos”, afirmó Reyes Leo, quien advirtió que esta situación representa un importante detrimento económico para la empresa e incluso existe el riesgo de que las unidades puedan perderse.
Explicó que los vehículos corresponden a rutas de transporte de pasajeros de las que dependen operadores y otras familias, por lo que su permanencia fuera de circulación también afecta a los usuarios que utilizan diariamente este servicio.
De acuerdo con el abogado, el conflicto que derivó en la intervención de las autoridades ocurrió cuando pobladores de la zona bloquearon una vialidad en medio de un problema relacionado con las rutas de transporte.
Sostuvo que los camiones y sus operadores no fueron quienes realizaron el bloqueo, sino que se encontraban imposibilitados para continuar su recorrido debido a que la vialidad había sido tomada.
Ante esta situación, uno de los operadores habría realizado una llamada al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de elementos de Seguridad Pública y evitar que el conflicto escalara.
Sin embargo, según la versión de la defensa, cuando arribaron los policías la situación se habría revertido y fueron detenidos el administrador único de la empresa, su representante legal y dos operadores, además de que las dos unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía.
“En vez de poner a disposición a quien organizó el bloqueo, pone a disposición de la fiscalía estas cuatro personas y los dos vehículos”, acusó el litigante.
Reyes Leo insistió en que la Fiscalía no habría realizado un aseguramiento legal de los camiones y que la defensa ya acreditó la propiedad de las unidades mediante la documentación correspondiente.
Añadió que las autoridades han argumentado que todavía faltan pruebas periciales a los vehículos; sin embargo, aseguró que dichos peritajes fueron solicitados desde el momento en que las unidades fueron detenidas, el 13 de junio de 2026.
“Estamos a 31 de agosto de 2026, los vehículos siguen en el encierro ilegalmente”, sostuvo.
El abogado también se refirió a la situación jurídica de las cuatro personas detenidas a raíz de estos hechos.
Explicó que el administrador único de Saeta Verde, Saúl Enríquez Hernández, y tres colaboradores fueron privados de su libertad el 13 de junio y posteriormente enfrentaron una audiencia de vinculación a proceso el 18 de junio.
De acuerdo con Reyes Leo, los cuatro fueron vinculados a proceso por un delito relacionado con el bloqueo vial, cuya pena, según explicó, contempla de seis meses a cuatro años de prisión, dependiendo de las circunstancias y de la calidad del responsable.
El litigante cuestionó además que se haya impuesto prisión preventiva justificada por un año a sus representados, al considerar que se trata de una medida cautelar excesiva frente al delito que se les atribuye.
Detalló que tres de los involucrados permanecen en el penalito de Veracruz, mientras que Saúl Enríquez Hernández enfrenta la medida cautelar bajo resguardo domiciliario debido a su edad.
La defensa, agregó, promovió un amparo indirecto para combatir la situación jurídica de los acusados y espera que el procedimiento sea resuelto en octubre.
El abogado informó que recientemente trabajadores y pobladores que utilizan la ruta realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones del Centro Integral de Justicia de la zona norte de Veracruz, donde se encuentran las oficinas relacionadas con la investigación.
El principal reclamo, dijo, es que sean devueltos los dos camiones, debido a que de su operación dependen trabajadores y familias, además de usuarios que requieren el servicio de transporte.
Reyes Leo aseguró que las unidades pueden ser devueltas independientemente de que las cuatro personas continúen enfrentando su proceso judicial, pues, desde su perspectiva, no existe un impedimento legal para ello al no haberse realizado un aseguramiento formal de los vehículos.
Finalmente, el abogado y presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, hizo un llamado a las autoridades para evitar lo que calificó como abusos en la aplicación de la prisión preventiva justificada.
“Ya basta de que metan a la cárcel a inocentes y que abusen de la prisión preventiva justificada”, expresó.
Reyes Leo manifestó su confianza en que la justicia federal resolverá favorablemente los recursos promovidos por la defensa y determinará si existieron excesos o irregularidades por parte de las autoridades durante la detención de sus representados y la retención de las unidades.
