En medio de la tensión generada por una manifestación pública de familiares y fieles que salieron a respaldar a al sacerdote Mario "N", acusado de pederastia, la diócesis de Veracruz aclaró: el caso está en manos de las autoridades y así debe permanecer.
El vocero de la institución, el padre Aurelio Mojica Limón, respondió a quienes han mostrado su inconformidad con la velocidad de las investigaciones.
Mojica Limón indicó que la Iglesia no está al margen del caso, pero tampoco pretende interferir en el trabajo de las autoridades civiles. Según explicó, el seguimiento que hace la Diócesis es de acompañamiento, no de intervención.
"La Iglesia y en este caso yo se sana pues sigue la situación, sigue el caso, va viendo cómo se va desarrollando y siempre pues con el respeto y en coordinación con las autoridades".
El sacerdote subrayó que las carpetas de investigación se encuentran en poder de las fiscalías y los órganos judiciales competentes, y que corresponde a esas instancias, y no a la Iglesia, determinar el curso del proceso. En ese sentido, hizo un llamado a la sociedad a respetar los tiempos institucionales y confiar en el sistema de justicia.
Uno de los puntos más sensibles que abordó el vocero fue precisamente la manifestación pública que motivó sus declaraciones. Un grupo de personas cercanas al sacerdote acusado salió a las calles para exigir rapidez en el proceso y mostrar su apoyo al religioso, lo que generó debate sobre cómo debe manejarse un caso de esta naturaleza.
Mojica Limón no desacreditó a quienes marcharon. Al contrario, reconoció que es comprensible que los allegados al sacerdote sientan frustración ante los tiempos que marcan los procedimientos legales en México, que con frecuencia se extienden más de lo que las partes quisieran.
"Entendemos la postura de los familiares, de los fieles que quisieran que todo se hiciera pues más rápido".
Sin embargo, el representante de la Diócesis fue enfático: la inconformidad, sea cual sea, debe expresarse a través de los canales legales establecidos, no en la vía pública ni con presiones externas al proceso judicial.
En ese mismo sentido, el vocero explicó que si alguna de las partes considera que las investigaciones no están avanzando correctamente o que existe alguna irregularidad en el proceso, existen mecanismos formales para atender esa situación. Los abogados o defensores involucrados tienen la posibilidad de presentar quejas formales ante las instancias correspondientes, mismas que quedarán integradas a las carpetas de investigación para su revisión.
Este señalamiento resulta relevante en un contexto donde los casos de abuso sexual dentro de la iglesia católica han generado, históricamente, una gran presión social tanto hacia las instituciones eclesiásticas como hacia las autoridades civiles. En Veracruz, como en otras partes del país, la demanda ciudadana por justicia y transparencia en este tipo de procesos es cada vez más intensa.
Mojica Limón optó por un mensaje de calma y confianza institucional. Dejó claro que ni la diócesis, ni el vocero en lo personal anticipan un resultado específico, pero sí esperan que el proceso llegue a su conclusión pronto y con claridad.
"Hay confianza pues en los jueces, confianza en las autoridades y esperamos que pronto pues se vaya aclarando todo esto".
La postura de la Diócesis, al menos por ahora, puede resumirse en tres puntos concretos:
La acusación de pederastia contra un sacerdote vinculado a la diócesis de Veracruz es un asunto que mantiene en alerta a la comunidad, a las autoridades eclesiásticas y a los organismos judiciales del estado. La manifestación de apoyo al religioso acusado pone en evidencia que, en torno a este caso, existen posiciones encontradas que dificultan el manejo social del proceso.
Por un lado, quienes defienden al sacerdote exigen celeridad y denuncian lo que consideran una injusticia. Por el otro, quienes siguen el caso desde la perspectiva de la protección a víctimas demandan que el proceso se lleve con rigor y sin presiones externas. En ese escenario, la Diócesis ha optado por mantenerse como observadora respetuosa del proceso, apostando por la institucionalidad y sin tomar partido público en ninguna de las dos direcciones.
Lo que queda claro es que el caso no está cerrado, que las investigaciones continúan su curso y que tanto la sociedad veracruzana como la propia Iglesia están pendientes de cómo concluye este proceso.
Foto: Victoria Razo
