Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, en una nueva escalada de las tensiones entre Washington y el tribunal con sede en La Haya.
De acuerdo con información difundida por el Departamento del Tesoro estadounidense y reportada por Reuters, las medidas también alcanzan al fiscal de la CPI Abdoulaye Seye, de Senegal. Las sanciones contemplan restricciones financieras y el bloqueo de posibles activos bajo jurisdicción estadounidense.
El gobierno del presidente Donald Trump mantiene una postura de rechazo hacia las investigaciones de la Corte Penal Internacional que involucran a ciudadanos de Estados Unidos e Israel.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó nuevamente al tribunal de exceder sus atribuciones y cuestionó que la CPI investigue a personas de países que no han aceptado su jurisdicción.
Washington sostiene que la Corte no tiene autoridad para actuar contra funcionarios estadounidenses o israelíes. Estados Unidos, además, no es Estado Parte del Estatuto de Roma, tratado mediante el cual fue creada la CPI.
La Corte Penal Internacional fue creada para investigar y, cuando corresponde, procesar a personas acusadas de algunos de los delitos internacionales más graves, entre ellos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
La institución ha enfrentado una creciente presión política desde que intensificó investigaciones relacionadas con la guerra en Gaza y otros conflictos internacionales.
Anteriormente, Estados Unidos ya había sancionado al fiscal de la CPI Karim Khan, después de que el tribunal emprendiera acciones relacionadas con dirigentes israelíes.
Las nuevas medidas estadounidenses también generan preocupación en Europa. Los 27 países de la Unión Europea son Estados Parte de la CPI, y autoridades europeas han expresado previamente su respaldo a la independencia del tribunal.
El Parlamento Europeo ha condenado las sanciones estadounidenses contra jueces, fiscales y personal de la Corte, al considerar que afectan su capacidad para investigar y procesar delitos internacionales. También ha pedido a la Comisión Europea adoptar mecanismos para proteger a la institución frente a las medidas estadounidenses.
Este martes, el presidente de Lituania, Gitanas Naus?da, rechazó la posibilidad de que su país abandone la CPI pese a la presión de Washington. Recordó que los 27 integrantes de la Unión Europea forman parte del tribunal.
Las sanciones estadounidenses pueden afectar las operaciones de los funcionarios señalados, particularmente en materia financiera y de movilidad hacia Estados Unidos.
La propia CPI ha advertido que las medidas estadounidenses ya han generado impactos sobre sus operaciones, infraestructura y seguridad, obligándola a destinar recursos para enfrentar los riesgos derivados de las sanciones.
El nuevo episodio profundiza así la disputa entre Washington y la Corte Penal Internacional sobre los límites de la jurisdicción internacional y la responsabilidad de funcionarios frente a posibles crímenes cometidos durante conflictos armados.
