Una investigación periodística reveló que durante los gobiernos de Rutilio Escandón en Chiapas y Omar Fayad en Hidalgo se otorgaron contratos públicos por 327.86 millones de pesos a empresas y personas relacionadas con Justo Aurelio Rivera Parrazales, señalado por autoridades como presunto operador financiero de grupos criminales.
De acuerdo con investigación publicada por EMEEQUIS, las administraciones estatales asignaron 56 contratos a compañías vinculadas con Rivera Parrazales, así como a socios, representantes legales y operadores de una red empresarial dedicada principalmente al suministro de equipo médico, insumos hospitalarios y servicios especializados para instituciones de salud.
La investigación señala que los contratos fueron entregados durante los periodos en que:
Las empresas mencionadas en el reportaje son Inmedicen, Servimedic del Sureste, Inmech y Diagnosis Centro de Diagnóstico Integral, relacionadas con servicios médicos y adquisición de tecnología para hospitales.
Según la publicación, parte de los recursos no habría sido facturada directamente por las compañías fundadas por Rivera Parrazales, sino mediante personas físicas relacionadas con la estructura empresarial.
Rivera Parrazales fue detenido en julio pasado en Mérida, Yucatán, durante un operativo federal. Autoridades lo investigan por presuntos vínculos como operador financiero y logístico de organizaciones criminales, entre ellas ‘La Barredora’ y el Cártel del Noreste.
El empresario también ha sido relacionado en versiones periodísticas con el llamado Grupo Tabasco, una red de políticos, funcionarios y empresarios vinculada al entorno del exsecretario de Gobernación y senador Adán Augusto López Hernández.
Entre las personas que aparecen en la investigación como receptoras de recursos públicos están:
Actualmente, Omar Fayad y Rutilio Escandón forman parte del servicio exterior mexicano. Fayad fue designado embajador de México en Noruega, mientras que Escandón ocupa el cargo de cónsul general de México en Miami.
EMEEQUIS
