El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez calificó la reciente avalancha migratoria registrada en Ceuta como un "ataque a la integridad territorial de España", aunque evitó responsabilizar directamente a Marruecos por la crisis y atribuyó el fenómeno a las mafias dedicadas al tráfico de personas y a la difusión de información falsa sobre un reciente fallo judicial.
Tras el ingreso masivo de miles de migrantes al enclave español, situación que provocó el colapso de los servicios públicos y dejó decenas de personas fallecidas al intentar cruzar a nado, Sánchez viajó a Ceuta acompañado por el ministro del Interior para supervisar las acciones de respuesta del Gobierno.
Durante su visita anunció la instalación de boyas en el espigón del Tarajal como medida para reforzar el control fronterizo, además de acelerar los procedimientos de repatriación de quienes ingresaron de manera irregular mediante coordinación con las autoridades competentes.
El mandatario sostuvo que organizaciones criminales aprovecharon una interpretación errónea de una reciente sentencia del Tribunal Supremo para convencer a cientos de jóvenes de que podrían ingresar y permanecer en territorio español.
Según explicó, estas redes difundieron información falsa para incentivar el cruce irregular hacia Ceuta, poniendo en riesgo la vida de miles de personas.
Sánchez insistió en que el Gobierno combatirá a las mafias dedicadas al tráfico de personas y reforzará los mecanismos de control fronterizo para evitar nuevos episodios similares.
Pese a la magnitud de la crisis, el jefe del Ejecutivo evitó responsabilizar al Gobierno marroquí y defendió la cooperación bilateral con Rabat, al considerar que la relación entre ambos países es estratégica para gestionar los flujos migratorios.
El presidente reiteró que España mantendrá una alianza firme y constante con Marruecos, desvinculando al reino alauita de la crisis, a pesar de los reportes que señalan una presunta inacción inicial de los gendarmes marroquíes en la zona fronteriza de Fnideq o Castillejos, durante las primeras horas del ingreso masivo.
Las declaraciones del presidente generaron una inmediata reacción de la oposición española. Y es que señalan que utiliza un gran número de elementos de seguridad personal, mientras en las fronteras "es nula".
El Partido Popular y Vox acusaron al Gobierno de minimizar la responsabilidad de Marruecos y cuestionaron la respuesta diplomática del Ejecutivo.
Dirigentes de ambas fuerzas políticas sostuvieron que el Gobierno está "blanqueando" la actuación de Rabat y denunciaron que España enfrenta un supuesto "chantaje migratorio" sin adoptar medidas diplomáticas más contundentes.
Las críticas también provienen de sindicatos de las fuerzas de seguridad, cuyos representantes señalaron un presunto doble discurso del Ejecutivo al reconocer que se trató de un ataque contra la integridad territorial, mientras evita señalar directamente a Marruecos por la falta de control inicial en la frontera.
Los representantes policiales consideraron que la respuesta del Gobierno resulta insuficiente frente a la magnitud de una crisis migratoria que volvió a colocar a Ceuta en el centro del debate político europeo.
