El Congreso de Veracruz inició este martes el periodo de pruebas y alegatos dentro de los procedimientos de desafuero contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero.
Esta etapa permite a los presidentes municipales, ambos electos por Movimiento Ciudadano, presentar documentos, argumentos jurídicos y otros elementos para responder a las solicitudes de declaración de procedencia promovidas por la Fiscalía General del Estado.
Las defensas entregaron documentación ante la Comisión Permanente Instructora, cuyos integrantes revisarán los señalamientos de la Fiscalía y los elementos aportados por los abogados antes de elaborar los proyectos de dictamen.
También existe la posibilidad de que los alcaldes o sus representantes legales comparezcan ante la comisión para exponer sus argumentos.
Se prevé que el viernes 31 de julio la Comisión Instructora defina si existen elementos para proponer el retiro del fuero constitucional de los dos funcionarios. Cada expediente será analizado y resuelto por separado.
La decisión de la comisión no representa el desafuero automático. Los dictámenes deberán ser enviados al Pleno del Congreso de Veracruz, que se constituirá en Jurado de Procedencia y tendrá la decisión final mediante una votación que requerirá mayoría calificada.
¿Qué implica un desafuero?
La declaración de procedencia, conocida como desafuero, es un procedimiento legislativo que determina si un servidor público debe conservar o perder la inmunidad procesal que tiene por ocupar un cargo de elección popular.
El Congreso no resolverá si los alcaldes son responsables de los delitos investigados. Únicamente decidirá si la Fiscalía puede proceder penalmente contra ellos mientras permanecen en funciones.
Si el Pleno aprueba el retiro del fuero, los alcaldes quedarían separados de sus cargos y podrían enfrentar los procesos correspondientes ante los tribunales. Si no se alcanza la votación necesaria, conservarán la inmunidad hasta concluir sus mandatos, sin que esto implique el cierre de las investigaciones.
Los casos investigados
La solicitud contra Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, se encuentra relacionada con la investigación por el secuestro y homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán, privada de la libertad el 2 de junio en Nanchital y localizada sin vida semanas después.
El procedimiento contra Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, está vinculado con la desaparición del empresario Héctor Ramos y de su escolta, Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo, luego de acudir a un inmueble en Barra de Chachalacas.
Fuente y foto: AVC
