Al negar, en una primera instancia, la solicitud de órdenes de aprehensión contra 23 personas señaladas por su presunta participación en una red de "huachicol" fiscal, un juez federal evidenció deficiencias en la integración de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) al considerar que el Ministerio Público no acreditó adecuadamente los delitos que imputaba.
De acuerdo con una resolución emitida el 22 de junio, el juez Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, concluyó que la FGR no justificó de manera suficiente cómo los hechos derivados de su investigación encuadraban en los delitos de delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos y contrabando.
En su resolución, el juzgador señaló que la Fiscalía presentó una narrativa de los hechos, pero no expuso con claridad los elementos jurídicos y probatorios que permitieran establecer la probable comisión de los ilícitos ni la participación de los imputados bajo las figuras penales invocadas.
La negativa representó un revés para la investigación federal sobre el presunto esquema de evasión fiscal relacionado con la comercialización ilegal de combustibles, conocido como "huachicol" fiscal.
Tras el rechazo inicial, la Fiscalía General de la República reformuló su petición y presentó una nueva solicitud de órdenes de aprehensión con una integración distinta del expediente.
En esta segunda petición fue incluido el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien posteriormente fue vinculado al caso.
La nueva solicitud fue analizada por una jueza de guardia, quien sí concedió las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR, permitiendo el avance del proceso penal contra los señalados.
La diferencia entre ambas resoluciones refleja la importancia de la adecuada integración de las investigaciones ministeriales y de la fundamentación jurídica para obtener medidas cautelares como las órdenes de aprehensión.
El caso del presunto huachicol fiscal continúa su curso en el ámbito judicial y forma parte de las investigaciones federales relacionadas con redes dedicadas al tráfico y comercialización irregular de combustibles, uno de los delitos prioritarios para las autoridades federales.
