La reciente modificación a las reglas de operación del Banco de México (Banxico) ha generado preocupación entre especialistas en economía y finanzas, luego de que el banco central se facultó para comprar valores gubernamentales en el mercado secundario, una medida que, según algunos analistas, podría tener implicaciones para la inflación y la autonomía de la institución.
El economista, asesor financiero y maestro en Economía, Guillermo Barba, explicó que la medida deriva de la Circular 8/2026, con la que Banxico actualizó una disposición vigente desde 2012.
Aunque el Banco de México sostiene que el cambio se encuentra respaldado por la Ley del Banco de México, Barba considera que la decisión podría contravenir lo establecido en el artículo 28 de la Constitución, que prohíbe al banco central financiar al gobierno federal.
El especialista explicó que existen dos tipos de mercado para la compra y venta de bonos del gobierno.
El mercado primario es donde el Gobierno Federal emite y vende por primera vez sus bonos a inversionistas, bancos o instituciones financieras.
Posteriormente, esos mismos bonos pueden revenderse entre particulares e instituciones financieras en lo que se conoce como mercado secundario.
Hasta ahora, Banxico tenía prohibido adquirir deuda directamente al gobierno; sin embargo, con la nueva disposición podrá comprar esos bonos una vez que ya hayan sido adquiridos por otros participantes del mercado.
"El Banco de México no se los compra directamente al gobierno, sino a quien los adquirió primero. Pero al final el efecto económico es prácticamente el mismo", explicó Barba.
Guillermo Barba señaló que, aunque la operación se realice en el mercado secundario, en la práctica representa una forma indirecta de financiar el gasto público.
Explicó que cuando el banco central compra estos valores, crea dinero para adquirirlos, lo que incrementa la cantidad de dinero circulando en la economía.
"Aunque hoy ya no hablamos de imprimir billetes, porque gran parte del dinero es digital, el efecto económico sigue siendo el mismo: se crea dinero para comprar esos bonos", indicó.
Desde su perspectiva, un aumento excesivo de liquidez podría traducirse, con el tiempo, en mayores presiones inflacionarias.
Tras darse a conocer la modificación, el Banco de México publicó un comunicado en el que sostuvo que las operaciones están contempladas en el artículo 11 de la Ley del Banco de México.
De acuerdo con esa legislación, los valores propiedad del banco central no constituyen crédito otorgado al Gobierno Federal.
Sin embargo, Barba sostiene que una ley secundaria no puede estar por encima de la Constitución.
"La Constitución establece claramente que ninguna autoridad puede obligar al Banco de México a financiar al gobierno. Para mí, esta medida contradice ese principio", afirmó.
El economista advirtió que el principal riesgo sería un incremento sostenido en la inflación.
Explicó que si aumenta la cantidad de dinero en circulación sin un crecimiento equivalente de la economía, los precios podrían seguir subiendo.
"El impuesto más injusto es la inflación. Muchas personas no la ven como un impuesto, pero reduce el poder adquisitivo porque todo cuesta más", señaló.
Asimismo, indicó que México podría enfrentar un escenario conocido como estanflación, es decir, una combinación de bajo crecimiento económico con niveles elevados de inflación.
"Es una situación donde la economía no crece, pero los precios siguen aumentando, y eso termina afectando directamente el bolsillo de las familias", comentó.
Barba también consideró que la decisión podría ser interpretada por inversionistas nacionales y extranjeros como una señal de menor compromiso por parte del Banco de México para combatir la inflación.
A su juicio, la medida llega en un contexto donde diversos analistas ya cuestionaban las recientes reducciones en la tasa de interés por parte del banco central.
"El mensaje que podría enviarse es que Banxico está priorizando otros objetivos por encima de su mandato principal, que es preservar el poder adquisitivo del peso", indicó.
El especialista explicó que la nueva disposición entraría en vigor a partir de agosto, por lo que todavía existe margen para que pueda ser impugnada por la vía jurídica.
Consideró que legisladores o actores políticos podrían recurrir al Poder Judicial al considerar que la medida podría ser inconstitucional.
"Ojalá el propio Banco de México reconsidere esta decisión antes de que sea necesario acudir a los tribunales", concluyó.
