La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una sanción de un año de inhabilitación a Jaime N., exadministrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras acreditar que incurrió en una falta administrativa grave al ocultar información en su declaración patrimonial.
De acuerdo con la dependencia, la sanción fue resultado de una investigación realizada por la Unidad de Combate a la Impunidad, la cual demostró que el exservidor faltó a la veracidad en sus declaraciones de situación patrimonial con el propósito de ocultar un incremento en su patrimonio por un millón 532 mil 452 pesos, recursos que no pudieron ser explicados ni justificados.
La Secretaría precisó que la persona sancionada tiene derecho a impugnar la resolución y, en caso de hacerlo, defenderá la legalidad de la investigación y de la sanción impuesta.
Asimismo, reiteró que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad, por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.
Finalmente, la dependencia subrayó que quienes incurren en actos de corrupción durante el ejercicio de una función pública traicionan la confianza ciudadana y deben enfrentar las consecuencias, al tiempo que reafirmó su compromiso de fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el servicio público.
Derivado de una investigación realizada por la Unidad de Combate a la Impunidad de esta Secretaría, permitieron demostrar que un ex servidor público del Servicio de Administración Tributaria cometió infracción grave, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso la siguiente sanción:
Inhabilitación de un año a Jaime N., ex administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por haber faltado a la veracidad en sus declaraciones de situación patrimonial con la finalidad de ocultar un incremento en su patrimonio por un millón 532 mil 452 pesos, que no fueron explicables ni justificables.
La persona sancionada tiene derecho a impugnar, si lo hace, esta secretaria defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fue investigado.
El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. Denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no solo es un derecho: es también un deber cívico para proteger los recursos públicos. Se invita a denunciar actos de corrupción en el sector público a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: denuncias.gob.mx
Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público.
Foto: archivo
#ComunicadoBuenGobierno
— Buen Gobierno México ???? (@BuenGobierno_mx) June 28, 2026
La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno informa que se logró inhabilitar por un año a un exservidor público del @SATmx en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por haber faltado a la veracidad en sus declaraciones de situación patrimonial y… pic.twitter.com/oEWyA3ioCU
