Lo que muchos mexicanos no saben cuando pagan un refresco o una cerveza es que parte de ese dinero puede estar alimentando a grupos del crimen organizado. No es exageración: es una realidad documentada que ocurre en varios estados del país, donde cárteles y organizaciones delictivas han logrado infiltrarse en algo tan cotidiano como la distribución de bebidas.
El esquema no es menor. Grupos criminales han extendido su influencia a mercados completamente legales, tomando el control de rutas de reparto, imponiendo cuotas a transportistas y obligando a pequeños comerciantes a comprar sus productos únicamente a través de intermediarios ligados a estas organizaciones. El resultado es siempre el mismo: precios más altos para el consumidor final.
El mecanismo es relativamente sencillo, pero devastador para quienes lo padecen. En comunidades de Michoacán, por ejemplo, los repartidores de bebidas ya no pueden entregar directamente en las tiendas. Primero tienen que dejar su cargamento en bodegas controladas por grupos delictivos. Después, los comerciantes locales deben ir a esos puntos a comprar la mercancía, pero ya no al precio que fija la empresa distribuidora, sino al que impone el cártel, que siempre es mayor.
A eso hay que sumarle otro cobro: el "peaje" que deben pagar los operadores de camiones para poder circular por ciertas localidades. Según testimonios recabados en diversas regiones del país, ningún camión de refrescos, cerveza u otros productos entra a determinadas zonas sin antes pagar una cuota al grupo criminal que controla ese territorio. Es una extorsión disfrazada de tránsito.
Todo ese dinero que el transportista paga, el comerciante lo absorbe. Y lo que el comerciante paga de más, termina cobrándoselo al cliente. Así, sin saberlo, el consumidor se convierte en el eslabón que financia, indirectamente, la cadena de extorsión.
En la región de Tierra Caliente, en Michoacán, el control es todavía más agresivo. Ahí se ha señalado a grupos criminales por monopolizar por completo la comercialización de bebidas, prohibiendo a los negocios adquirir productos de cualquier distribuidor que no esté dentro de su red. No es una sugerencia: es una imposición que se hace cumplir con amenazas.
Los pequeños negocios, tiendas de abarrotes, misceláneas y comercios de barrio no tienen opción. Si quieren seguir operando, deben comprar donde les dicen, al precio que les fijan y en las condiciones que los grupos delictivos determinen. De lo contrario, las consecuencias pueden ir desde multas ilegales hasta actos de violencia directa.
Este fenómeno no se limita a una sola organización ni a un solo estado. Especialistas y autoridades han identificado que varias de las principales estructuras criminales del país están involucradas en este tipo de esquemas de control territorial y extorsión sobre mercados legales.
Los estados donde se han reportado los casos más graves son Michoacán y Guerrero, aunque el problema también tiene antecedentes documentados en Veracruz, Estado de México, Sonora, Baja California, Guanajuato y Tamaulipas.
La presión del crimen organizado no solo afecta a pequeños comerciantes y transportistas. Algunas empresas de gran escala han optado por suspender operaciones en ciertas regiones antes que seguir exponiendo a sus trabajadores a amenazas y extorsiones constantes.
Uno de los casos más conocidos ocurrió en Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero, donde embotelladoras vinculadas a marcas internacionales cerraron sus operaciones ante los cobros ilegales y las amenazas que enfrentaban sus empleados y sus rutas de distribución. La consecuencia directa fue que miles de consumidores en esa zona vieron reducida, de manera severa, la disponibilidad de productos básicos en sus comunidades.
Ese episodio dejó en claro algo importante: cuando el crimen organizado logra expulsar a una empresa de una región, no solo afecta a los accionistas o a los trabajadores de esa compañía. Afecta a toda una comunidad que de pronto ya no puede acceder con normalidad a productos de consumo diario.
Quizá el aspecto más preocupante de este fenómeno es su carácter invisible para la mayoría de los consumidores. Nadie ve la extorsión cuando compra una botella de refresco, pero está ahí, integrada al precio como un costo oculto que nadie eligió pagar.
Las cuotas ilegales, los bloqueos de rutas y los monopolios forzados en ciertas regiones encarecen productos que forman parte de la canasta básica de millones de familias mexicanas. La extorsión deja de ser un problema exclusivo de empresas o transportistas para convertirse en una carga económica distribuida silenciosamente entre todos.
El control del crimen organizado sobre mercados legales como la distribución de refrescos y cerveza representa, en ese sentido, un problema que va mucho más allá de la seguridad pública. Es también un problema económico, social y de acceso a bienes básicos que, mientras no se atienda de raíz, seguirá afectando la vida cotidiana de los mexicanos sin que muchos de ellos siquiera lo sepan.
