La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que el proceso de registro nacional de líneas telefónicas tenga fines de vigilancia o espionaje hacia la población y afirmó que la medida busca fortalecer las acciones de seguridad y combatir delitos como la extorsión telefónica.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la vinculación de los números celulares con la Clave Única de Registro de Población (CURP) forma parte de una estrategia para mejorar la identificación de usuarios y dificultar el uso de líneas anónimas por parte de grupos delictivos.
“Es muy importante que los chips estén asociados para fortalecer la seguridad”, expresó.
Sheinbaum informó que el proceso registra avances importantes y aseguró que más de la mitad de las líneas móviles activas en el país ya han sido asociadas a sus titulares.
Adelantó que el próximo jueves el Gobierno federal presentará un informe detallado sobre el número de registros realizados y el avance general del programa.
La presidenta insistió en que la información de los usuarios no estará bajo resguardo del Gobierno federal, sino de las propias empresas de telefonía.
“Quienes tienen los registros son las compañías telefónicas, no el gobierno”, puntualizó.
Respecto a la posibilidad de ampliar la fecha límite para realizar el trámite, Sheinbaum indicó que esperará la evaluación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por José Antonio Peña Merino, antes de tomar una decisión.
Actualmente, el plazo establecido para completar el registro concluye el próximo 30 de junio. Las autoridades han advertido que quienes no realicen el procedimiento podrían enfrentar la suspensión de su servicio telefónico.
Para efectuar el registro es necesario contar con una identificación oficial vigente y la CURP.
La vinculación de las líneas celulares con la CURP comenzó formalmente el 9 de enero de 2026, como parte de las disposiciones contempladas en la nueva legislación en materia de telecomunicaciones.
Previamente, en septiembre de 2025, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones puso en marcha una prueba piloto junto con compañías como Telcel, AT&T, Movistar, Bait y Altán, con el objetivo de verificar la identidad de los usuarios de telefonía móvil.
De acuerdo con las autoridades regulatorias, las empresas telefónicas son las responsables de almacenar y proteger la información de sus clientes, mientras que el Gobierno sostiene que la medida permitirá fortalecer las investigaciones relacionadas con delitos cometidos mediante líneas celulares, particularmente los casos de extorsión y fraude telefónico.
Con ello, el Gobierno federal busca concluir antes de julio la regularización de millones de líneas móviles en todo el país, en medio del debate generado por las preocupaciones sobre privacidad y protección de datos personales.
