La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León dio un paso histórico este viernes al aprobar formalmente el inicio de un procedimiento de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. La determinación, adoptada durante una sesión extraordinaria, marca el arranque de un proceso legislativo que podría tener consecuencias políticas significativas para el mandatario y para el futuro de Movimiento Ciudadano en la entidad.
La votación resultó en seis votos a favor, provenientes de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y de una diputada de Morena. El único voto en contra correspondió a la bancada de Movimiento Ciudadano, el partido que llevó a García Sepúlveda al poder. Con esta resolución, el expediente será remitido al Pleno del Congreso local para que continúe el proceso legislativo conforme a los procedimientos establecidos.
El centro de las acusaciones radica en una presunta triangulación de cerca de mil millones de pesos de recursos públicos hacia empresas que, según la denuncia, guardarían vínculos con el gobernador. La solicitud de juicio político también señala posibles actos de corrupción adicionales, aunque es fundamental precisar que dichas acusaciones forman parte del procedimiento legislativo y no constituyen, en esta etapa, una resolución definitiva sobre responsabilidades legales o administrativas. García Sepúlveda mantiene su presunción de inocencia mientras el proceso avanza.
Como parte del procedimiento, la Comisión acordó notificar formalmente al gobernador para que, en un plazo de 15 días hábiles, presente su declaración. El mandatario podrá comparecer de manera presencial, responder por escrito o designar un representante legal para tal efecto. Esta etapa es crucial, pues representa la oportunidad del ejecutivo estatal de exponer su postura ante los legisladores antes de que el caso avance hacia el Pleno.
El origen del procedimiento se remonta al pasado 8 de junio, cuando Anabel del Roble Alcocer, dirigente estatal de Morena en Nuevo León, presentó formalmente la denuncia acompañada de representantes de ese partido. La irrupción de Morena como denunciante resulta especialmente significativa en el contexto político actual, ya que evidencia una ruptura de facto entre ese instituto político y el gobernador, pese a que ambas fuerzas han coincidido en algunas agendas legislativas a nivel nacional.
La participación de una diputada de Morena sumándose a los votos del PRI y del PAN para avalar el inicio del juicio político subraya el aislamiento que enfrenta García Sepúlveda en el ámbito legislativo local. Que partidos de distintas corrientes ideológicas confluyan en esta decisión habla de una coalición circunstancial motivada por las acusaciones específicas, más que por afinidades programáticas.
La sesión estuvo lejos de ser un trámite rutinario. Tres integrantes de la Comisión Anticorrupción no se presentaron, lo que generó momentos de tensión previo a la votación. Los diputados morenistas Rodrigo Otoniel Montemayor y Mario Soto, así como Claudia Chapa, del Partido Verde, justificaron su ausencia por compromisos previos y razones de salud, respectivamente. Sus inasistencias, sin embargo, no impidieron que se alcanzara el quórum necesario para sesionar y emitir el resultado.
La dinámica al interior de la comisión reflejó las tensiones políticas que rodean al caso. La ausencia estratégica o involuntaria de diputados afines a partidos con distintas posiciones frente al gobernador añadió una capa adicional de complejidad a una jornada que ya de por sí era políticamente cargada.
Con el expediente en camino al Pleno del Congreso de Nuevo León, el proceso legislativo entra en una fase más amplia y deliberativa. Los diputados deberán analizar las pruebas presentadas, escuchar los argumentos de las partes y determinar si existen elementos suficientes para continuar con el juicio político. Este tipo de procedimientos, por su naturaleza, pueden extenderse durante semanas o incluso meses, dependiendo de la complejidad de la evidencia y de los tiempos legislativos.
Entre los elementos que el Pleno deberá valorar se encuentran:
El juicio político es un mecanismo constitucional que permite al Poder Legislativo evaluar la conducta de funcionarios de alto rango cuando existe la presunción de que han incurrido en actos que afectan al interés público o al erario. En el caso de un gobernador, el proceso implica una revisión rigurosa y escalonada que exige mayorías calificadas para prosperar.
La aprobación de este procedimiento convierte a Samuel García en uno de los pocos gobernadores en activo del país sometidos a este tipo de proceso legislativo en años recientes, lo que coloca a Nuevo León en el centro del debate político nacional sobre rendición de cuentas y fiscalización del poder ejecutivo estatal. El desarrollo de las próximas semanas determinará si el caso escala o si la defensa del gobernador logra detener su avance en el Pleno.
